En marzo me referí al conversatorio organizado por la Revista Semana  relacionado con ¿Se necesita una reforma a la justicia?, cuya conclusión fue negativa por múltiples razones.

En Mayo hablé del acorralamiento a la justicia con el proyecto de equilibrio de poderes que antes que benéfico para la Administración de Justicia era más negativo e inconveniente.

Hoy expedido el Acto Legislativo de reforma a la Constitución No.02 del 1º de julio, ha conllevado a un planteamiento de buscar un referéndum  para obtener su derogatoria, por ser más nefasto que benéfico para la justicia en sí.

En efecto, vemos, que por la premura en su análisis, la falta de sindéresis y ponderación para ciertos aspectos normativos, genera desde ahora un recargo inmenso de trabajo a la Corte Constitucional por los conflictos negativos de competencia que pasan a ser decididos por ella, generando congestión en la misma, a título de ejemplo se van 9 conflictos de esta sola corporación a la Corte Constitucional, en dos días, no se previó esta situación, considerando la importancia que tiene en el ámbito jurídico la misma.

Se crea en sustitución del Consejo Superior de la Judicatura, un organismo denominado Consejo de Gobierno Judicial, a quien le compete diseñar las políticas de la Rama Judicial para su adecuado funcionamiento, trámites administrativos, logísticos, judiciales, en fin, una serie de funciones, peor, con el ítem, que tendrán asiento por un año los Presidentes de las Cortes, llámense Constitucional, Suprema de Justicia o Consejo de Estado. Lo integrarán además un representante de los magistrados del país, uno de los empleados, el Gerente Judicial y 3 miembros por 4 años.   

Se suprimió el Consejo Superior de la Judicatura, que tuvo buenas actuaciones, dotó de implementos a la justicia, la tornó más ágil, con la oralidad, construyó adecuadas oficinas para el funcionamiento de los despachos judiciales, dotó de salas para audiencias a los despachos y entes que tienen  oralidad, distribuyó funciones, creó Juzgados de Descongestión que han producido buena labor, tan es así que con la sumatoria de negocios entre los de descongestión con los juzgados en propiedad, salen más de 1.000.000 de negocios anualmente, pero, entran 3.000.000 anualmente.

Que haya errores de personas, no comprometen a la institución, son actuaciones individuales, pero, la reforma si es nefasta para la justicia, para el pueblo colombiano, que verá en poco tiempo la politización de la misma.

El nuevo Consejo de Gobierno Judicial tiene a 3 Presidentes de Altas Cortes, para sesionar una o dos veces al mes, dos representantes de Jueces y Magistrados, en idéntica situación, el Gerente de la Rama Judicial y 3 miembros permanentes de dedicación exclusiva (léase bien, solo ellos 3 y el gerente) al estudio del adecuado funcionamiento de la justicia, con el agravante, que los 3 miembros en referencia no serán abogados, es decir, personas sin conocimiento de los temas judiciales, las dificultades de los procesos según su naturaleza, en síntesis, ¿cuál independencia tendrá la rama y cómo podrá laborar ese Consejo de Gobierno Judicial?

Será que en reunión de 6 u 8 horas mensuales o aún quincenales, podrá organizarse el funcionamiento de la rama, que locura, que mensaje daremos a la ciudadanía, si con un presupuesto tan exiguo, entregando Minhacienda los dineros de descongestión el último día de vencimiento de la misma, cada mes (que ironía), ¿se solucionará el problema de la justicia?

Por ello, se realizaran foros a nivel nacional, tendientes a recolectar firmas, para tumbar esa reforma de equilibrio de poderes, dado el daño que se hizo a la Justicia, que se verá subordinada, sin gozar de la independencia que debe caracterizarla, viviremos en poco tiempo situaciones como las de otras naciones que los jueces no tienen independencia judicial, sino que estarán atados a las otras dos Ramas del Poder Público, como son, la Ejecutiva y la Legislativa, subordinadas, (óigase bien y léase bien), cuando cada una de ellas debe tener autonomía.

Y dentro de poco vendrá la reforma a la tutela para acabar con ese gran beneficio del pueblo colombiano, de acceder a la salud, por este mecanismo judicial tan importante hoy en día, como Juez.

Como abogado, como ciudadano, como juez, levanto esa voz de protesta contra esta maquinación que parece pasar factura de cobro por el denominado proceso 8000 o la pérdida de investidura de muchos congresistas y otros negocios de gran significado nacional.