Todavía resuena el eco que produjo la muerte violenta del médico Cristian Camilo Julio en El Bagre, Antioquia. Él estaba próximo a cumplir con esa obligación, había estudiado su becado por la universidad donde cursó estudios, lo cual evidencia que se trataba de una persona con grandes cualidades y sueños, como muchos de los muchachos que estudian esta hermosa carrera. 

Este lamentable hecho cumple con una de esas desafortunadas máximas que tenemos en nuestro país, tal como “tiene que haber un muerto para que las cosas se hagan” El asesinato de este joven puso en evidencia las condiciones en las cuales se presta el servicio social obligatorio llamado año rural, no solo en ese municipio, y en esa región, sino en todo el país.  La indignación no fue solo del gremio médico, sino de todo el país, ha sido la reacción a tan deplorable acontecimiento, por las circunstancias en que ocurrió y lo confuso de los hechos que, advierten la indefensión a la que se encuentran expuestos los médicos recién egresados en los pueblos donde cumplen con esta misión social.

Las condiciones para trabajar estos noveles médicos y con ellos las enfermeras y odontólogos, ciertamente no son las mejores y distan de ser las ideales.  Aun así y sabidas las dificultades que se pueden enfrentar se sigue prestando esa labor que es obligatoria y de la cual ahora escapan quienes gracias a un sorteo resultan eximidos de realizarla. 

No se trata solo de la seguridad personal durante el rural, sino también la seguridad laboral. Los salarios ofrecidos a estos profesionales durante ese periodo son exiguos y no compensan los esfuerzos ni el alto costo que implica su formación académica. Contado con que sus salarios sean pagados con puntualidad. 

Estas dificultades se extienden en el tiempo y a toda la geografía nacional porque las instituciones prestadoras de salud vinculan a los médicos, generales y especialistas, mediante contratos que cubre unos pocos meses y bajo la modalidad de servicios prestados con todas las desventajas que de ellos se derivan. Esto no es nuevo, desde hace muchos años es el mecanismo mediante el cual operan y siempre el perjudicado es el médico o cualquiera otro de los profesionales de la salud. A esto se añade que los pagos de los honorarios se retrasan varios meses de acuerdo con la voluntad del contratante, sin que sean reconocidos moratorios. 

Tanto en la modalidad de contratación, como en el monto, las condiciones y los retrasos; los médicos no nos hemos movido para oponernos y dar por terminados estos tratos que lesionan a la persona y al trabajador. Por el contrario hemos sido complacientes y permisivos. El caso más patente en este momento es de los empleados de la Clínica La Salle que fue cerrada el año pasado, quienes a la fecha siguen esperando el pago de sus salarios y prestaciones sociales. 

Es posible que in memoriam de Cristian Camilo surja un movimiento de alcance nacional para reivindicar la profesión y rescatar la dignidad de los médicos y de todos los que componen el equipo de salud.