El pasado 21 de diciembre, el Congreso de la República, aprobó en último debate lo que será la ley de SEGURIDAD CIUDADANA, ley que velará por los derechos de los ciudadanos, evitará la impunidad y endurecerá las penas a los delincuentes, manifestó el ministro de la Defensa, Diego Molano, como vocero del Gobierno Nacional.

Como lo expuse en diferentes oportunidades en mis columnas, que no compartía las decisiones de los jueces al dejar en libertad o aplicarles a los reincidentes la casa por cárcel para seguir delinquiendo, se legisló al respecto y no solo a los reincidentes (condenados) sino también a los imputados en anteriores delitos contra el patrimonio económico, especialmente el hurto, no tendrán esos beneficios por ser, estos, un peligro para la sociedad.  Los hurtos donde el monto sea mayor a 4 salarios mínimos (cualquier pinche celular los supera), no serán excarcelables.

Se aclara en la nueva ley, un eximente de responsabilidad en cabeza de la persona que dé de baja a un delincuente por proteger su vehículo o cuando ingresan violenta o subrepticiamente a su vivienda, presentándose la figura de la legítima defensa.

Se castigan y aumentan las penas para el porte de armas blancas, armas convencionales de fuego, artesanales y traumáticas.

Se endurecen las penas para los actos vandálicos que afecten la infraestructura destinada a la seguridad ciudadana, instalaciones militares y el transporte masivo. En este punto, la oposición en el Congreso, veintejulieramente, expresó que esta ley podría significar una amenaza al derecho de la protesta. Les reposto, diciéndoles que la protesta pacífica es un derecho constitucional, pero adobado con vandalismo es otro cuento y debe ser castigado dura y ejemplarmente.

Con esta nueva ley, vuelven las cárceles departamentales, distritales y municipales para los sindicados como una medida para solucionar el hacinamiento en las penitenciarías y puestos de policía. Con el esquema de asociación público privadas (APP) y la autorización para que en los entes territoriales se contrate por prestación de servicios vigilancia y seguridad privada que libere a la policía nacional de este oficio. Los policías a las calles a proteger al ciudadano.

Tiene el Gobierno Nacional, el compromiso de presentar un proyecto de ley para fortalecer a los departamentos, distritos y municipios en las responsabilidades de los nuevos centros carcelarios. Quiere decir, que se aumentarán las transferencias de la nación a las entidades territoriales para este propósito. Nada sacamos con una ley sin dientes, o sea sin recursos.

Entre otras cosas, me pregunto, ¿Por qué el presidente Duque, siendo esta ley tan esencial para combatir la delincuencia, tiene engavetado el proyecto y no lo sanciona?

Adenda: por lo absurdo de los argumentos del señor Francisco Espinel en “respuesta” a mi columna anterior, concluyo que no amerita una réplica de mi parte.