Hace un par de semanas, la acusación de un concejal de Manizales quien evidenció que se movilizaba en un vehículo que presta servicio público por plataforma digital no autorizada, prendió las alarmas de un tema que ha sido motivo de denuncias, demandas y tutelas de los diferentes actores y todo, ante la inexistencia de la reglamentación que habilite un servicio público que se presta en cientos de ciudades del mundo.

Lo sucedido en tan hermosa ciudad, es el común denominador de las personas que por razones de edad, desempleo, salud, etc., obtienen recursos para subsistir en medio de múltiples amenazas de sus ingresos que van desde la imposición de un comparendo, hasta la inmovilización del automotor, toda vez que dicha actividad es blanco perfecto de las autoridades de tránsito operativas, que en ciudades pequeñas como la nuestra, logran identificar algunos de estos vehículos y en lugar de aplicar la ley, le tuercen el cuello a la misma constriñendo al atemorizado conductor. 

El problema no es fácil de resolver, porque el servicio público tipo taxi, reclama justamente que para poder operar, la ley les exige varios seguros que permiten blindar cualquier tipo de eventualidad, tanto para el conductor como para los pasajeros. De igual manera, así no se cumpla con rigurosidad, deben cobrar el valor que marque el taxímetro.

Además, para ingresar a una empresa legalmente constituida que ofrezca servicio tipo taxi individual, el interesado debe cancelar otros costos propios de ese tipo de actividad, así no estén reglamentados.

Ahora, el servicio de transporte público individual por medio de plataforma digital, es ilegal en Colombia, reiterando que la plataforma tiene el amparo de nuestras normas, pero el servicio no.  

Para el caso del Área Metropolitana de Cúcuta, es común que personas de ambos sexos cuyas edades se encuentran entre 18 y 30 años, prefieran el servicio de plataforma digital prestado en vehículos particulares, sin importar si la matrícula es nacional o extranjera, puesto que previo a su abordaje, negocian la tarifa y de seguro les cuesta menos que el servicio legal tipo taxi. 

Además, las personas que prestan el “servicio” porque así no sea legal, lo prestan pese a que conocen los riesgos, su edad oscila entre los 23 y 32 años, están agotadas de tocar puertas para obtener un ingreso fijo mensual y en la mayor parte de casos, es infructuoso el ejercicio.

Concluyo que es urgente que los nuevos legisladores aterricen la situación, puesto que si bien es cierto que el servicio público prestado por automotores de placa particular nacional o extranjera es ilegal, no menos cierto es que a nadie le gusta trabajar pensando en qué momento es sorprendido por uniformados que lejos de hacer cumplir la ley, actúan de manera irregular, induciendo al conductor a situaciones económicas reprochables.   

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