Siempre nos ha gustado creer que tenemos un modelo democrático ejemplar. Sólo por el hecho de haber consagrado en el Artículo 1 de la Constitución Política de Colombia que somos un Estado social de derecho y una República participativa y pluralista, creemos que estamos más allá de otras Naciones.
Sin embargo, se nos ha olvidado una parte fundamental de lo que consignamos casi tres décadas atrás en la Carta Magna: Que promulgamos dicho texto constitucional para ser un marco jurídico que garantice un orden social justo.
Por culpa de este olvido no hemos ejercido nuestro poder soberano como es, no hemos favorecido a todos los colombianos, sino a unos pocos.
A esto hay que añadir que con la Constitución de 1991 ganamos lo que ni siquiera existía como palabra en la de 1886: Participación, la posibilidad de participar democráticamente en las decisiones que determinan el futuro de nuestro país.
La Constitución actual nos abrió la puerta a ocho diferentes formas de ejercer nuestra soberanía como Pueblo, pero en 27 años no hemos logrado ni un solo éxito como ciudadanos:
No sólo hemos perdido con las elecciones de nuestros mandatarios, también hemos fracasado con referendos y consultas populares del pasado, no sólo por la baja participación en las urnas, sino por la escasez de firmas que se recolectaron para las diferentes causas que pretendíamos cambiar para el beneficio de todos (una de ellas tuvo que ver con la dignidad y garantías laborales en Colombia).
En este momento tenemos la oportunidad de hacerle ver a los políticos que subestiman a los ciudadanos, que la soberanía reside exclusivamente en el Pueblo, tenemos la oportunidad de orientarnos hacia un orden social justo.
No obstante, las campañas de desinformación y la manipulación mediática abundan. La oportunidad a la que me refiero tiene que ver con demostrarla a los corruptos que los buenos somos más: La Consulta Anticorrupción.
Los siete puntos que pretende adoptar la consulta son: 1) Reducir el salario de congresistas a la mitad, 2) cárcel a corruptos, 3) contratación transparente en todo el país, 4) elaboración de presupuestos públicos con participación de la ciudadanía, 5) rendición de cuentas de asistencia, votación y gestión por parte de congresistas, 6) hacer públicas las declaraciones de bienes y rentas de políticos, 7) limitar a un máximo de 3 períodos de permanencia en corporaciones públicas. Ninguno de estos puntos está contemplado en normas/leyes actuales, ninguno requiere de una reforma constitucional y ninguno va en contra de tratados internacionales, como lo quieren hacer ver algunos.
Lo que sí es cierto sobre la Consulta es que no sería necesaria (como primer paso en la lucha contra la corrupción) si en el país no se robaran alrededor de 50 billones de pesos cada año. Según cifras de la Auditoría General de la República, el 70% de la contratación en Colombia se realiza sin criterios estandarizados, sin méritos y sin competencia: Se elige a dedo, con un único proponente. La Consulta pretende cambiar esto, darle más transparencia a la contratación y así, beneficiar a la ciudadanía. Además, con la Consulta Anticorrupción se pretende estandarizar lo que actualmente no tiene orden, los requisitos para la contratación de bienes y servicios similares. Con esto se evitarían sobrecostos en contratos como el del PAE y se podría ejercer más control a los contratistas del Estado.
Es importante dar el mensaje a los corruptos de que los buenos somos más, y que no nos intimida el umbral que se requiere para garantizar el éxito de este mecanismo de participación ciudadana: 33% del censo electoral, es decir, más de 12 millones de votos y cada punto debe tener más de 6 millones de ‘sí’.
No podemos dejar que la politiquería y la corrupción sigan ganando. Como nortesantandereanos tuvimos una gran derrota a principios del mes de junio, cuando supimos la noticia de que el referendo que buscaba eliminar las fotomultas en Los Patios se cayó debido a que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander declaró inconstitucional la solicitud. Por eso, no podemos permitir ser derrotados nuevamente el próximo 26 de agosto, día en que tendremos la oportunidad de darles a los corruptos en donde más les duele: Las fuentes de su enriquecimiento ilícito.