El presidente Petro denunció ante el Consejo de Seguridad de la ONU el incumplimiento del Acuerdo con las Farc, porque el gobierno anterior quiso “hacerlo trizas” y el actual no ha logrado el Pacto Nacional por culpa de la mitad del país que se opone a la paz, lo cual no es cierto, para reconocer, al final, que el Gobierno no tiene plata para implementarlo.
La relectura del Acuerdo me confirmó en la ilegitimidad de esa negociación, no por el hecho de haber negociado, sino por su alcance desbordado bajo el “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, que pretendió construir un país nuevo con el grupo narcoterrorista que lo atacó durante décadas.
Se negoció la reconstrucción del campo con quienes lo destruyeron; el ejercicio de la política y la participación en la democracia del grupo que tuvo como objetivo derrocarla; la lucha contra las organizaciones criminales con una de ellas y la política antidrogas con un grupo narcotraficante; se negociaron la verdad, la justicia y la reparación, con solo la mitad de la verdad, la justicia con impunidad y la reparación en veremos.
Se negoció todo, y esa es una causa del incumplimiento, porque ese extenso documento abarca todas las responsabilidades del Estado bajo el enfoque de las Farc; y asumirlas es obligación del Estado, aun sin acuerdo, pero bajo el enfoque del interés general expresado a través de las instituciones democráticas.
Hay también una mirada miope del incumplimiento. Las Farc incumplieron. Nos dejaron disidencias y renegados, incluido su jefe negociador. No revelaron rutas, contactos e ingresos del narcotráfico; no devolvieron tierras usurpadas, con las que el Gobierno no tendría que comprar una sola hectárea; no repararon a sus víctimas.
¿Dónde quedó la mitad de la verdad? Le entregamos a la Comisión dos tomos sobre la victimización ganadera que fueron ignorados. ¿Por qué la JEP no ha proferido una sola condena, así sea con penas restaurativas que son impunidad disfrazada?
En aras de la coherencia reitero que rechacé y rechazo el fast track que le usurpó al Congreso sus facultades, y estoy en desacuerdo con una prórroga del Acuerdo, que el Estado no necesita para cumplir sus obligaciones.
Pero también reconozco puntos de acuerdo: El narcotráfico es la principal causa de corrupción y violencia, aunque también sea resultado de las concesiones al imperio de la ley. Estoy de acuerdo en que hay hipocresía sobre las drogas, con gran asimetría entre un país que pone la degradación de sus instituciones, los muertos y la violencia, y una comunidad internacional permisiva con las mafias en sus países.
Estoy de acuerdo en que la solución es la inclusión de los territorios al desarrollo, porque “La paz pasa, necesariamente, por la recuperación del campo”, siempre incumplida… Ahora mismo, 350 mil productores de leche podrían ser empujados a la ilicitud, si no hay soluciones de Estado a sus problemas.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion
