La política de Petro en materia de narcotráfico fracasó y, en lugar de reconocer su error, huye hacia adelante.
El viernes se conocía, con varios meses de retraso, el resumen ejecutivo del informe del Simci de Naciones Unidas. Muestra que los cultivos de coca se incrementaron 10%, de 230.000 hectáreas en 2022 a terminar el 2023 con 253.000. Peores son las cifras de producción de cocaína. Crecieron un 53% hasta alcanzar 2.664 toneladas, de lejos la cifra más alta de la historia.
Cuando se esperaba una reacción oficial del gobierno sobre el fracaso de su política (o la ausencia de ella), Petro anunció que el gobierno comprará la cosecha de coca del Micay, en el Cauca.
Es indispensable hacer algunas aclaraciones. No es verdad que lo que se hizo en materia de lucha contra el narcotráfico antes de la firma del pacto de Santos con las Farc fuera un fracaso. En realidad, fue un éxito. El primer reporte del Simci, de 2001, mostraba 137.000 h de coca. Para 2013, antes de la firma del componente de narcotráfico con las Farc, solo se reportaban 48.000 h, un 65% menos, y la producción de cocaína había disminuido a 290 ton. El desastre ha venido después, primero por cuenta del “nuevo paradigma” acordado con las Farc que, además, estableció unos incentivos perversos para la siembra, y después la debacle con Petro, que no solo renunció a luchar contra el narcotráfico sino que toma una y otra vez decisiones que favorecen a los mafiosos y su negocio.
Dicen los que defienden al gobierno que hace bien en concentrarse en las incautaciones y que estás han crecido. Según el MinDefensa, aumentaron de 659 t en 2022 a 746 el año pasado, un 13% más. Pero hay muchas dudas sobre la verdad de esas cifras y, aún si fueran ciertas, aunque las incautaciones aumenten, crece mucho más la producción de cocaína. Para ponerlo en perspectiva, las incautaciones crecieron en 87 t y la cocaína producida sumó 738 t adicionales, 8,5 veces más. De hecho, hoy se incauta proporcionalmente mucha menos cocaína que antes.
La solución, por supuesto, no es adquirir la coca de Micay. Para empezar, porque tal cosa solo constituye otro incentivo perverso para la siembra: asegura un comprador confiable, el gobierno. Después, porque al comprar la coca de Micay el gobierno, para no favorecer arbitrariamente solo a unos, tendría que comprar también la del resto del país. Plata, además, no hay, ni rubro presupuestal. Finalmente, porque la propuesta es jurídicamente inviable. Hoy la compra de coca es un delito. La siembra de coca solo es lícita en algunos resguardos. Además, la hoja de coca está en la lista de sustancias sujetas a fiscalización internacional de drogas y Colombia está obligada a cumplir la Convención de Viena de 1961.
A la par que las acciones de Petro sobre narcotráfico no solo naufragan sino que fortalecen el negocio, los mafiosos hacen fiesta. En buena parte por los ingresos de su relación simbiótica con el narcotráfico, los grupos violentos se expanden a lo largo y ancho del territorio. Cada decisión gubernamental que fortalece a los violentos, alimenta al narco. Cada política que favorece al narco, robustece a los violentos. También por eso fracasa la “paz total”. No habrá regalos gubernamentales, impunidades y beneficios políticos, económicos y judiciales para los bandidos que sean suficientes. Los únicos que ganan son los criminales y algunos otros que, como Nicolás y Juan Fernando, hacen negocios con ellos.
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