El tuit de Gustavo Petro, en el que dijo que “con seis megacárceles se hacen 30 sedes universitarias y disminuye así el delito”, demuestraque su modelo de seguridad no está conectado con la realidad del país.

Para dar en el punto de por qué Petro ha tenido una aproximación en seguridad fallida, hay que entender no sólo su pasado insurgente, sino una idea que comparten muchos en Colombia; no sólo la izquierda. Es posible que algunos me digan que esto se debe a su política de “paz total” o a que fue integrante del M-19. Sin embargo, va más allá de esto.

La idea es simple. Como en Colombia hay pobreza, desigualdad y exclusión (causas objetivas), muchas personas terminan viendo el crimen como la única forma de ingresos para sobrevivir. Según esta aproximación, los jóvenes de la Comuna 6 de Cúcuta, por ejemplo, donde persisten unas condiciones estructurales de pobreza, están prácticamente condenados a entrar al crimen organizado. Entonces, hay que construir más megacolegios para que, en vez de entrar a una pandilla, estudien.

Claro, estamos de acuerdo conque la educación es el eje transversal para que nuestros jóvenes progresen. El problema es que construir más megacolegios no garantiza necesariamente que baje la criminalidad.Así que el enfoque debe incluir tanto megacolegios como más cárceles, los dos, no uno o el otro.

La izquierda en Colombia,desde sus intelectuales hasta sus políticos y periodistas, siempre ha visto el problema de seguridad como un asunto de causas objetivas. Si se disminuye la pobreza y otras causas, el crimen también baja. Así de simple.

La evidencia muestra que no necesariamente es así -esto no quiere decir que no se hagan todos los esfuerzos para bajar la pobreza, hago la aclaración-. Bolivia, Nicaragua o Perú son más pobres que Colombia, sin embargo, acá se cometen más homicidios, hay más estructuras criminales y más gente se dedica a las actividades ilícitas.

La pobreza no es una condición que multiplica el crimen. Hay gente que vive fuera de los barrios marginales, hace parte de la clase mediay termina siendo un criminal; hay otra que vive en pobreza extrema, ha sido excluida y no se convierte en, por ejemplo, un jalador de autopartes.

Petro lleva décadas creyendo que no es así. Le sirve el discurso de las causas objetivas no sólo para escribir tuits cortos, lo que resulta un alivio, sino para crear una narrativa a favor de la lucha de clases: los pobres excluidos que no tienen de otra que subsistir con actividades criminales y los ricos que tienen todo asegurado.

La evidencia muestra que, en realidad, el crimen en Colombia se ha convertido en un oficio ejercido por ricos, pobres o personas de la clase media. El crimen -casi siempre- da dinero, trae reconocimiento y capital simbólico, y, lamentablemente, por eso es tan atractivo para un porcentaje no menor de colombianos.

Desde los años 1970, el crimen colombiano ha tenido un proceso de crecimiento, mejora y profesionalización con estructuras criminales que son cada vez más sofisticadas, tanto a nivel local como transnacional.

La política de seguridad del país debe empezar por dictaminar bien qué es y cómo funciona el crimen organizado de hoy. Petro dice que es consecuencia única y exclusivamente de las causas objetivas, mientras que otros creemos que se debe principalmente a la consolidación de 50 años de estructuras criminales que ofrecen, aparte de dinero, otro tipo de valores que hay que entender mejor.

El crimen es un oficio en Colombia. Empecemos por entenderlo.

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