Los más recientes hechos consumados en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo confirman el devastador entramado de corrupción predominante en la nación. La entidad pareciera estar pensada a la medida de la voracidad de quienes ofician como actores de sus operaciones, que son fuente caudalosa de enriquecimiento ilícito. Los funcionarios nombrados para su manejo en el Gobierno del presidente Gustavo Petro decidieron aprovechar al máximo la laxitud encontrada para el aprovechamiento indebido de los recursos oficiales disponibles. Todo estaba servido, porque con ese talante de perversión se ha procedido siempre, en distintos gobiernos. O sea que la UNGRD es un botín del cual se han apoderado servidores públicos carentes de escrúpulos.
Este sombrío capítulo del asalto a la UNGRD pone en evidencia el tamaño de la corrupción en Colombia. La contaminación es generalizada. Abarca a muchas más entidades. La suma de sus estragos es el saldo rojo que se ha acumulado, con el efecto de cerrar posibilidades de satisfacción a tantas necesidades básicas de las comunidades que habitan la nación. Es un peso cada vez más aplastante porque la desviación de los recursos que debieran destinarse a la solución de los problemas se ha vuelto recurrente.
Le corresponde al gobierno actual asumir como prioridad la lucha contra la corrupción. El cambio previsto para corregir el rumbo del país sería inviable si no se desmontan los clanes incrustados en diferentes entidades y cuyo objetivo es apoderarse de los presupuestos oficiales, con ánimo delictivo, para robustecer la riqueza que han conseguido a través su degradado ejercicio. Desde luego que esta gestión requiere el acompañamiento de la justicia, administrada con transparencia y con el rigor del derecho, para que los delincuentes tengan la debida sanción y no los arrope la impunidad, como ha venido ocurriendo.
Es necesario que la estrategia de los inculpados de acogerse al principio de oportunidad sea estudiada en el contexto de la gravedad de los hechos para que no termine convirtiéndose en una puerta de escape y hasta de burla. La inmunidad pedida por los acusados Sneyder Pinilla y Olmedo López puede ser una estrategia de evasión. Ellos acusan y quedan libres de responsabilidades. ¿Cómo así?
Las versiones conocidas hasta ahora no ofrecen suficientes certezas y por lo tanto tienen que someterse a verificaciones que lleven a la verdad, sin sesgos ni audacias perniciosas.
La lucha contra la corrupción debe desarrollarse a profundidad hasta cuando se tengan resultados irreversibles.
El gobierno debe tomar en cuenta la experiencia que deja la selección de sus colaboradores. Los que han faltado a la honradez o que con sus mañas han traicionado la causa democrática del cambio deben ser condenados al rechazo y sacarlos de donde quiera que estén, sin contemplaciones.
Si no se erradica la corrupción, con la garantía de no repetición, el país no saldrá de sus suplicios. Hay que sanear el sistema de contratación para que no se roben los recursos de la educación, de la salud, de la vivienda, de las vías, de los programas de producción agropecuaria, de la paz, de los servicios públicos, de cuanto debe concurrir a la construcción de una nación articulada al Estado social de derecho.
La lucha contra la corrupción es garantizar la vigencia de la dignidad de la existencia humana. Es la verdad. Es la decencia. Es la propia libertad. Es la luz resplandeciente del tránsito por la vida.
Puntada
El énfasis puesto por el gobernador William Villamizar en la paz es muy positivo y merece que en ese propósito lo respalden todos los sectores.
