Cúcuta está en modo de emergencia. A esa situación la han llevado los grupos armados generadores de violencia criminal casi a la ejecución cotidiana. Son las organizaciones articuladas con las mafias del narcotráfico, la minería ilegal y otras operaciones avaladas por la corrupción y el engranaje ofensivo contra los derechos humanos. Ese entramado utiliza todas las formas que conducen a la inseguridad generalizada, como el homicidio, la extorsión, el desplazamiento, la desaparición forzada, el secuestro, los atentados contra entidades oficiales y hasta los delitos menores de recurrencia sostenida, de los cuales la comunidad en general es víctima indefensa.
El problema es el resultado de la ausencia del Estado en la protección que debiera garantizar a la sociedad en su conjunto. Las normas respecto a las garantías ciudadanas consagradas en la Constitución se convirtieron en letra muerta, tanto más cuando no ha faltado la complicidad de servidores públicos con los actores de acciones que rompen el ordenamiento institucional. Ese despropósito abrió espacios al paramilitarismo y aportó dinámicas a la confrontación propia del conflicto armado, en detrimento de las gestiones que promovieron acuerdos de paz, como el alcanzado con las Farc durante el mandato de Juan Manuel Santos.
En ese contexto, la situación de Cúcuta se ha agravado en una proporción inquietante. No solo se trata del debilitamiento del derecho a la vida de los habitantes de la ciudad, sino también de la afectación de sus bienes y el deterioro de sus actividades productivas. El comercio registra un alto índice de recesión y otros sectores de la economía sufren lo mismo.
Además, se requiere una gobernanza más sólida para fortalecer la ejecución de proyectos que atiendan necesidades insatisfechas desde hace mucho tiempo. Son prioridades a tomar en cuenta, para lo cual debe contarse con el Gobierno nacional.
No basta con la militarización de la ciudad por más alto que sea el pie de fuerza destinado a la vigilancia pública. Se debe contar con una gestión de mayor alcance, orientada a resolver tantos problemas acumulados como sea posible. Todos los sectores deben unirse en el propósito común de elevar la cobertura de la educación, incluida la superior, la salud, en sus variadas demandas, el trabajo y todo lo relacionado con el bienestar colectivo.
Quienes ejercen liderazgo en la opinión pública deben entender la política en su dimensión de interés público y obrar de forma consecuente. Se trata de responder positivamente a la encrucijada en la que se encuentra Cúcuta. No es una problemática cualquiera y, por tanto, ofrece la posibilidad de contribuir a soluciones acordes con la magnitud de la crisis desbordada.
Cúcuta es una ciudad con no pocas posibilidades y, si se canalizan sus recursos y el emprendimiento de su gente hacia finalidades que acierten con las demandas del presente y las previsiones a futuro, se podrán alcanzar resultados que superen la tormenta de forma estable y profunda, para su consolidación garantizada.
Puntada
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