El registro estadístico de hace dos años sobre la guerra en Colombia daba cuenta de 8.376.463 víctimas en el tiempo que llevaba esa acción de violencia letal. 

Es la acumulación de muertos, desaparecidos, desplazados, secuestrados y todas las demás atrocidades propias de una confrontación donde no hay contención alguna en el ultraje a la persona humana, como expresión del odio encarnizado entre enemigos beligerantes.

El conflicto armado en el país durante más de medio siglo de continuidad sin pausa se ha desarrollado con las formas más extremas de exterminio. 

Y los responsables de esas prácticas de suplicios no son únicamente los combatientes de las guerrillas de tan distintos apelativos. 

Hay actores también de la contraparte: los paramilitares y miembros de la Fuerza Pública que representan al Estado. 

Igualmente, las bandas articuladas al narcotráfico, las que cumplieron la misión criminal de eliminar a los considerados adversarios de los carteles mafiosos, como se hizo en la tenebrosa etapa de Pablo Escobar.

Los grupos armados que han estado o están en el conflicto han obrado con sevicia en el cumplimiento de sus planes borrascosos. 

Genocidio como el de Bojayá, o la ejecución extrajudicial de civiles mediante los llamados falsos positivos, o el exterminio de dirigentes políticos de la Unión Patriótica, o el atentado a un avión de pasajeros, o la muerte recurrente de candidatos presidenciales y de líderes sociales o sindicales, o la operación depravada de los hornos crematorios de Juan Frío en Villa del Rosario, fueron actos ejecutados por distintas organizaciones armadas ilegales y oficiales.

La ofensiva de unos y otros alcanzó niveles extremos. Una guerra donde se acudía a la crueldad como una práctica corriente para demostrar la capacidad siniestra que podía aplicarse.

Y se acudía a todo ese frenesí de abyecciones con pasión extrema y con oídos sordos a los llamados de las entidades defensoras de derechos y de consideración para la vida de las personas.

Tanta sucesión de hechos desgarradores es parte de la memoria histórica sobre el conflicto armado. Y hay testimonios reveladores para tomar en cuenta. Están pendientes otros, con los cuales debe ampliarse el tejido de la verdad esperada.

Conviene que predomine la verdad a fin de que las víctimas puedan tener certezas para el alivio de sus penas. La paz requiere ese soporte. Porque también refuerza el compromiso de no repetición de actos detestables y necesario en el proceso de reparación que debe tener cumplimiento a la medida de las desgracias provocadas por tanta aberración.

El encuentro de la verdad llevado a cabo en Cúcuta el pasado jueves y en el que estuvieron actores que se enfrentaron en tiempos de la guerra es un buen aporte a la reconciliación. Hay que asimilarlo con ánimo positivo, sin prejuicio. Es mejor borrar los odios y no insistir en un revanchismo que puede avivar de muevo las brasas de la violencia.

Puntada

El expresidente de Colombia y senador de la república Álvaro Uribe debe concurrir a la indagatoria a que lo ha llamado la Corte Suprema de Justicia con tranquilidad, o sea, sin arrebatos, sin autoproclamarse víctima. Hay que dejar que obre la justicia.

ciceronflorezm@gmail.com