Sí, esa fue la impresión que nos dejó la intervención del alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, en la reciente reunión con funcionarios del Gobierno nacional. Al solicitar una exención temporal del IVA para aliviar la situación del comercio, empleó un tono que, a mi juicio, se acercó demasiado a la súplica. Recordó el beneficio aplicado en 2015, pero la ciudad merecía escuchar una explicación de cómo se proponía obtenerlo nuevamente.

La gravedad de nuestra situación económica exige que las solicitudes se presenten con preparación, sustento jurídico y una estrategia para hacerlas realidad. Pedir un alivio tributario es legítimo. Precisamente por eso, quien representa a Cúcuta debe conocer los instrumentos necesarios para conseguirlo.

Hay un dicho muy viejo, pero muy sabio, según el cual es mejor callarse y parecer un tonto que abrir la boca y confirmarlo. Antes de intervenir en representación de toda una ciudad, convendría tenerlo presente.

Veámoslo: el artículo 215 de la Constitución Política permite que, ante circunstancias excepcionales y mediante una declaratoria motivada de emergencia, el presidente, con la firma de todos los ministros, expida decretos legislativos destinados a conjurar la crisis. Esos decretos pueden modificar transitoriamente los tributos, siempre que las medidas tengan relación directa y específica con la emergencia. Esa facultad tiene condiciones y controles. Para ejercerla deben acreditarse, entre otros requisitos, la gravedad de la perturbación y la insuficiencia de los mecanismos ordinarios para enfrentarla.

El antecedente que recordó el alcalde demuestra justamente la importancia de conocer ese procedimiento. En 2015, hace once años, la exención para determinados bienes se estableció mediante el Decreto Legislativo 1818, expedido en desarrollo de la emergencia declarada por el Decreto 1770. Hubo una situación excepcional, una declaratoria y una medida tributaria concreta. Recordar el beneficio sin explicar el instrumento que lo hizo posible deja incompleto el argumento.

También existe la vía legislativa. Una exención de impuestos nacionales puede tramitarse ante el Congreso, respetando la iniciativa gubernamental prevista en el artículo 154 de la Constitución. Su eventual inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Abelardo de la Espriella tendría que sustentarse en una relación directa con los objetivos y estrategias del plan. Esa posibilidad exige trabajo jurídico y coordinación política; mencionarla como una aspiración apenas sería el comienzo.

Así las cosas, lo que esperábamos era una propuesta que precisara los productos beneficiados, la duración del alivio, sus efectos económicos y el camino para adoptarlo. La difícil situación de Cúcuta exige que el Gobierno nacional cuente con argumentos suficientes para tomar una decisión.

Al alcalde no se le exige ser especialista en derecho constitucional o tributario. Sí se le exige que aproveche la oficina jurídica y los asesores que tiene a su servicio, cuya remuneración sale de los recursos públicos. ¿Para qué se dispone de esa asesoría si, al momento de presentar una solicitud de semejante importancia, la intervención deja la impresión de que basta pedir el favor?

Después de Jairo Yáñez, algunos creíamos que la ciudad podía esperar una mejora sustancial en la preparación de sus gobernantes. Intervenciones como esta nos llevan a concluir que con Acevedo estamos aún peor.

Además, está comprometida la imagen de Cúcuta. La impresión que produzca su alcalde puede terminar proyectándose sobre una comunidad que cuenta con empresarios, profesionales y organizaciones capaces de formular propuestas serias. Esa responsabilidad debería pesar cada vez que tome la palabra.

Según entiendo, algunos gremios le hicieron llegar iniciativas para afrontar la crisis. Si, como también se me ha informado, esas propuestas ni siquiera fueron revisadas, habría que añadir a la falta de preparación una preocupante desconexión con quienes conocen de primera mano las dificultades del comercio y la producción.

Señor alcalde, estudie las propuestas, escuche a quienes las han trabajado y exija a sus asesores que las conviertan en solicitudes viables. Cúcuta necesita que sus intereses sean defendidos con conocimiento, preparación y que esa gestión produzca resultados.

Mientras tanto, vergüenza ajena.

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