La llamada democracia colombiana está herida y en condiciones de cuidado. Semejante a otras épocas de atroces escaladas persiste la violencia política, orientada a intimidar a quienes se salgan de la línea del oficialismo que controla el poder. 

El sistemático asesinato de líderes sociales busca diezmar acciones que se dan en defensa de derechos fundamentales y de principios que son puntales de la estabilidad institucional que debe predominar en la nación. 

También hace parte de ese entramado la muerte de desmovilizados de las Farc, alineados en el proceso de paz en cumplimiento del acuerdo con el que se buscó sacar a Colombia de ese agujero tormentoso del conflicto armado.

Los patrocinadores de la violencia no descansan en su empeño de impedir la paz porque con ello defienden sus perversos intereses para preservar los privilegios articulados al poder y el enriquecimiento. 

Ello explica su oposición a los cambios acordados para fortalecer ja justicia, generar oportunidades a los colombianos que no las han tenido y desmontar oxidadas estructuras de la desigualdad.

La violencia actual de que han sido víctimas candidatos a cargos de elección popular en diferentes regiones del país es la reedición de prácticas criminales del pasado. 

Así fue en los finales de los años 40 y comienzo de los 50 del siglo XX, con un saldo de 200.000 muertos, casi todos del partido contrario al Gobierno de la época. 

Una operación semejante se puso en marcha para el exterminio de la Unión Patriótica. Otro capítulo de esa adversidad amasada a sangre y fuego se dio por cuenta de las mafias del narcotráfico y el paramilitarismo entre las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado con el sacrificio de destacados dirigentes.

Es, pues, la recurrencia de la violencia política, muchas veces con la finalidad de alterar el proceso electoral que esté en curso, con grave afectación para la democracia, ante lo cual el Gobierno debiera aplicar decisiones de fondo, con protección, en primer lugar, a los dirigentes que pueden ser objetivos de los grupos encarnizados en impedir la convivencia.

Se requiere también que las fuerzas políticas que no están comprometidas con la estrategia de la violencia, actúen con mayor contundencia, denunciando a los responsables de los actos criminales y promoviendo la aplicación de la justicia en defensa de la vida.

Hay necesidad de emprender una decisiva cruzada contra la violencia. Hay que quitarles a las elecciones esa sombra perturbadora, porque contribuye al fraude y deslegitima así los resultados de la consulta popular destinada a que los ciudadanos decidan sobre sus representantes en cargos públicos de gobierno.

No hay que permitir que se impongan los violentos. Debe ser un compomiso colectivo ejercer el derecho a la paz y con ello garantizar que las elecciones sean un ejercicio democrático. Es lo que le permitirá a Colombia salir de los laberintos en que la quieren mantener sus explotadores, cuyas intenciones siempre son negativas, como lo demuestran con sus actos repetidos.

Puntada

Caer en la trampa de una posible confrontación armada con Venezuela es la peor torpeza a que se puede llegar. ¡El colmo!

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