Estamos a 6 semanas de las elecciones regionales y según el muy serio Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, CERAC, ya a estas alturas el número de atentados contra candidatos de los diferentes partidos superó el del balance final del año 2015 en las mismas elecciones, para no hablar del 2018 cuando elegimos el Congreso de la República y el Presidente en unas condiciones de absoluta normalidad y tranquilidad. 

En Colombia, por cuenta del conflicto armado, nos acostumbramos durante décadas a un periodo electoral violento, los asesinatos y secuestros de candidatos se convirtieron en pan de cada día, parte del paisaje, sin que reconociéramos que eso nos convertía en una democracia totalmente atípica, anormal. 

Los ciudadanos de muchos municipios y veredas de Colombia no podían salir a votar, o si lo hacían era con el fusil de las guerrillas o los paramilitares en la nuca. 

Solo el proceso de paz con las Farc y la firma del acuerdo que permitió su desaparición como grupo armado ilegal, nos permitió comenzar a transitar el camino hacia una democracia normalizada. Por eso, preocupa este nuevo ciclo de violencia electoral. No podemos tolerar un regreso al pasado.

Frente a esta coyuntura todos los demócratas de este país debemos reaccionar con mayor contundencia que la demostrada hasta ahora. 

No es con un gris y desdibujado pacto de los partidos políticos, como el suscrito hace unas semanas en el Palacio de Nariño, como vamos a contener la violencia desatada. 

Tampoco es con la tesis reduccionista de algunos sectores del gobierno y de su partido, según la cual esta nueva ola de violencia electoral se debe única y exclusivamente al crecimiento de los cultivos ilícitos en algunas zonas del país. 

Se requiere una convocatoria urgente del más alto nivel para tomar medidas eficaces y coordinar acciones entre las distintas agencias del estado para prevenir esta clase de ataques y, en caso de que se produzcan, perseguir con celeridad a los responsables como afortunadamente sucedió en el caso de la candidata a la alcaldía de Suárez en el Cauca, cuyos autores cayeron abatidos esta semana en un exitoso operativo de nuestras fuerzas militares.

No podemos acostumbrarnos de nuevo a ver en las imágenes de televisión los resúmenes de atentados y amenazas contra candidatos a gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos. 

Es cierto que proteger de manera individual a más de 100.000 candidatos en todo el país es una tarea compleja y más aún pretender que cada uno de ellos cuente con un esquema de protección. 

Pero si es posible, y necesario, focalizar, priorizar, y que los colombianos nos pongamos de acuerdo que la vida, la integridad y la seguridad de todos ellos es la máxima prioridad, más allá de los debates políticos sobre corrupción electoral, prácticas clientelistas o abuso de poder de algunos gobernantes para favorecer a sus candidatos. Y en este escenario no caben las recriminaciones mutuas, ni las descalificaciones personales o partidistas. Tan grave para esta democracia que debe excluir de una vez por todas el uso de la violencia electoral es el asesinato del candidato a la alcaldía del CD de Toledo en Antioquia, como el atentado del que se salvó el candidato a la Asamblea de Norte de Santander y ex comandante de las FARC en Norte de Santander, Rubén Zamora. No puede existir ninguna clase de justificación para uno o para el otro.

Las autoridades entonces deben tomarse muy en serio este clima de violencia ahora que entramos a la recta final de una campaña que no puede seguir costando a la vida a dirigentes políticos y sociales que compiten por el poder local. Tampoco les puede costar su libertad como sucedió hace una semana con un candidato a una alcaldía en Nariño por el partido Cambio Radical. No podemos permitir que regresen las épocas en que los alcaldes eran impuestos por los fusiles. Colombia necesita consolidar una democracia sin violencia ni corrupción. Y que los candidatos a una alcaldía en el norte del Cauca, en Nariño, en el Catatumbo o en el bajo Cauca antioqueño, tengan los mismos derechos que quienes aspiran a la alcaldía de Bogotá . No podemos aceptar candidatos de primera y segunda categoría.

En fin, reaccionemos todos con medidas políticas, militares, sociales y legales que envíen un mensaje claro a los candidatos y a los habitantes de las zonas más amenazadas para las elecciones del próximo 27 de octubre: Colombia no va a retornar al pasado de una democracia atravesada por las balas. No lo vamos a permitir entre todos. Asuma el liderazgo para garantizarlo señor Presidente.