No es un escándalo más en un gobierno plagado de impudicias. Este es la madre de todos los escándalos. 

Entre jueves y viernes pasados, en el proceso de corrupción en la UNGRD, se realizaron audiencias en las que participaron Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, y María Alejandra Benavides, exasesora del Ministro de Hacienda.

Durante la imputación a la primera, la Fiscalía sostuvo que, además de los testimonios de López y Pinilla, cabezas de la UNGRD, hay otras pruebas que demuestran que a fines del 2023 Ortiz participó tanto en la entrega de miles de millones de pesos en efectivo a Iván Name y a Andrés Calle, entonces presidentes del Senado y de la Cámara, para el direccionamiento de contratos por 60.000 millones a favor de ambos.

Según la Fiscalía, las órdenes provenían de la mano derecha de Petro, Carlos Ramón Gonzáles, que era el Director Administrativo de la Presidencia. 

Benavides, por su parte, sostuvo que a ella le constaba que el gobierno había direccionado contratos por más de 92.000 millones para favorecer a cinco congresistas de la Comisión de Crédito Público, y a Wadith Manzur, que era también presidente de la Comisión de Acusaciones, con la finalidad de que le aprobaran unos créditos al gobierno.

Afirmó también que todo se había hecho con conocimiento del ministro Bonilla y de Velasco, entonces ministro del Interior.

Lo conocido concuerda con el testimonio de López donde sostuvo que en Palacio hubo unos "cónclaves”, “varios altos funcionarios del Gobierno, entre ellos ministros, reunidos, en un acuerdo preestablecido de ellos donde tomaron la decisión de que votos de congresistas se conseguían a cambio de contratos y beneficios dirigidos para conseguir, o leyes, o cambios en ellas, o temas de interés de un ministro específico en su cartera”.

También está probado que Bonilla adicionó 1,4 billones al presupuesto de la UNGRD, un mes antes de las elecciones regionales de 2023 y en diciembre de ese año.

A estas alturas no hay duda de que hubo una operación sistemática de saqueo de la UNGRD; de que además de robarse centenares de miles de millones de pesos también sobornaron congresistas con dinero en efectivo y con contratos; de que el propósito de los sobornos era que, a cambio, los congresistas votaran positivamente los proyectos de interés del Gobierno en el Legislativo y, en el caso de Manzur, seguramente también favorecer a Petro en los procesos contra él en la Comisión de Acusaciones; de que para la operación se trasladaron billonarios recursos a la UNGRD, de manera que por vía del régimen excepcional de contratación para las emergencias se pudieran evadir las reglas y controles usuales de la contratación administrativa; de que la operación de pillaje y de compra de congresistas se diseñó, ordenó y se puso en marcha desde la Casa de Nariño; y de que en ella participaron desde el Director del DAPRE hasta los más importantes ministros del gabinete. 

La Fiscalía avanza contra los eslabones débiles, como Ortiz, Benavides, López y Pinilla, pero nada ha hecho contra los ministros, exministros y altos funcionarios, como González y Bonilla. 

La renuncia de Bonilla es un imperativo ético y político. Es indispensable determinar el papel de otros ministros salpicados, como el de Salud o la de Trabajo que, según los exdirectivos de la UNGRD, también participaban en  los cónclaves. Y, como es evidente que Petro no renunciará aunque debería, hay que avanzar en el juicio político contra él.

Toda la operación de corrupción fue para favorecerlo. El complot criminal tiene a Petro como único beneficiario. Y no es creíble que no solo no supiera lo que hacían sus excompañeros del M19 y sus más cercanos e importantes ministros, sino que no fuera él mismo quien lo ordenara.

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