Varias inquietudes en torno al proyecto de actualización del estatuto tributario para Cúcuta han generado un amplio debate en el Concejo, y del cual este martes resultó una conclusión contundente: no se aprobará ningún documento que incluya el aumento de tarifas, como por ahora contempla el texto remitido por una consultoría que efectuó el estudio y la propuesta de estatuto.

El proyecto indica que en los impuestos predial e industria y comercio, tarifas de alumbrado público, sobretasas e impuestos menores habría algunas alzas.

Aunque el proyecto de la Alcaldía recién está en estudio, las advertencias han sido claras y, de hecho, este martes se desmontó la posibilidad de un ajuste en el recaudo que pagarían los constructores por delineación urbana, y que pasaba de 0.5 a 2 por ciento.

Aunque según la secretaría municipal de Hacienda se buscó hacer un ajuste normativo y equiparar las condiciones tributarias a las de otras ciudades capitales, no hubo desacuerdo para dejar el cobro en el mismo porcentaje, del 0.5.

Para la administración, según se indicó, no es necesario desgastarse en este tipo de controversias, en especial cuando el recaudo apenas suma 434 millones de pesos al año, provenientes de la totalidad de constructores de Cúcuta y que, además, ganan mucho más por sus proyectos.

Sin embargo, la secretaría se mostró abierta a dejar las mismas condiciones, dado que se expuso una posible afectación para el gremio y un presunto aumento en el valor de las viviendas.

Los peros

El estudio, y dudas, sobre el estatuto se centran en:

-Propuesta de alza de tarifas del impuesto predial.

-Exención de impuesto predial a fundaciones sin ánimo de lucro, con tres años o más de funcionamiento, situación que ha generado suspicacias sobre quiénes serán los beneficiarios.

-Cobro de intereses de mora del impuesto predial, a partir del 1 de julio de cada vigencia fiscal.

-Tarifa del impuesto de alumbrado público, que se mantendría en 13%, pero que se cobraría en pesos de los estratos 1 al 6, y los usuarios comerciales, industriales y oficiales pagarían en salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior es objeto de discusión, dado que el salario mínimo aumenta anualmente, en tanto que el valor en pesos sería fijo.

Aunque algunos concejales enfatizaron en el debate que este proyecto surge de la visión de la consultoría, que además es la misma que efectuó el ajuste al estatuto de Barranquilla, se insistió en que el debate aún no se ha cerrado y que hay opción de modificar y ajustar la visión de un tercero, que se centró en temas técnicos pero no en la realidad social y económica de la ciudad.

Al respecto, el concejal Guillermo León Báez, expresó que “se debe propender por la disminución de los impuestos” y recomendó una revisión del impuesto de alumbrado público, para que tenga una disminución del 10 u 11 por ciento, aunque otros sectores instaron, al menos, a la rebaja en un punto porcentual.

Por su parte, el concejal Jaime Marthey afirmó que el Concejo “no puede desconocer la realidad de la ciudad”, en especial cuando “nos vienen tildando de que todo lo que pasa lo hemos aprobado y resulta que la administración se volvió especialista en que le aprobemos autorizaciones y ellos ejecutarlas como les da la gana”.

Por ello, conminó a la Contraloría municipal a actuar y “verificar que las autorizaciones se estén aplicando en la forma como las concebimos”, pues “hasta ahora no se ha hecho nada”, e incluso advirtió que al igual que con la valorización, “quieren cometer otro crimen con el estatuto tributario”.