En un nuevo ejercicio por tratar de dilucidar las causas detrás de la dinámica de la violencia en Cúcuta y Norte de Santander, se llevó a cabo el Foro Violencia Urbana, organizado por la Fundación Progresar. 

La novedad en el evento fue la participación del Ministro de Defensa, Iván Velásquez, de quien se esperaba un análisis más exhaustivo de la situación de inseguridad en el departamento, aunque para muchos de los asistentes, cerca de 400, entre líderes y sociedad civil, su intervención no llenó las expectativas.
 
El ministro no enfocó tanto su análisis desde el punto de vista del accionar de la Fuerza Pública y las autoridades frente al delito, pues aunque lo considera importante, aseguró que no es la única y “posiblemente no es la esencial, sobre todo cuando se piensa en una convivencia ciudadana permanente, sana y estable, sino que hay otros elementos que inciden en la consecución de la misma”, dijo. 

En este sentido, se refirió a las condiciones de vida de las personas, con la posibilidad de promoverse y reconocerse de manera digna e integral “ese clima de convivencia es al que todos aspiramos”. 

El ministro reconoció que ha venido en reiteradas ocasiones a Cúcuta “porque nos preocupa la situación de violencia y porque tenemos el compromiso de sacarla adelante en materia de seguridad”, dijo. 

Velásquez se refirió a la Política de Convivencia y Seguridad Ciudadana, expedida por el gobierno nacional en 2023, que tiene como principio fundamental la articulación Nación – territorio a partir de la nueva relación entre la Policía y la comunidad, y que permite adelantar acciones básicas como la que se pretende adelantar en Cúcuta, con la implementación de cámaras de seguridad, que permitirían generar espacios de seguridad. 

El ministro señaló que medidas como estas han generado resultados positivos en una ciudad como Medellín, por el efecto disuasivo que tienen entre los delincuentes, “o cosas tan simples como instalar luz pública en una esquina disminuye los índices de inseguridad en ese lugar”, dijo.  

Destacó que no obstante la mejora de los índices delictivos a partir de estas estrategias de mejoras a los entornos de convivencia, todavía hay retos a partir de los problemas que generar las economías ilícitas y las disputas por los territorios. 

Señaló que la estrategia en consecuencia, a partir de la política de seguridad y convivencia ciudadana, ha sido la afectación de las finanzas criminales, como una manera de debilitar las organizaciones delictivas, tanto del área urbana como rural, y para ello, aseguró, se han fortalecido las instituciones policiales, de inteligencia y judiciales, lo cual ha traído también mejores resultados. 

Velásquez se refirió igualmente a la relación que han establecido los grupos armados con los grupos de delincuencia común, y cómo esta sinergia impacta nuevas formas de violencia urbana, principalmente en jóvenes, captándolos para sus organizaciones, resaltando aquí “la necesidad de articulación de todas las autoridades, en todos los niveles, para que esa juventud tenga toda la atención especial del Estado”. 

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Frontera históricamente conflictiva

Durante su intervención el gobernador William Villamizar recordó que históricamente Norte de Santander se encuentra en una frontera conflictiva, impactada por la acción de las organizaciones al margen de la ley, como las Farc, Eln y ahora el Epl. 

“Estos grupos generan violencia, víctimas, desplazamiento, que finalmente llegan hacia las zonas urbanas”, dijo Villamizar, quien también se refirió a las bandas del micro tráfico, que en su lucha por el control territorial y toda su actividad delictiva también generan violencia. 

Mención aparte hizo respecto a la violencia intrafamiliar que, de acuerdo a lo visto en los consejos de seguridad, es el flagelo que más está generando víctimas y violencias. Destacó que la estrategia, en consecuencia, ha sido el trabajo articulado con la Policía Nacional a través de la Estrategia Púrpura. 

El objetivo, dijo, es establecer un convenio a través del cual esas familias que tiene alguna amenaza se puedan sacar del departamento, se le pueda brindar hospedaje y alimentación para poder evitar que se presente un feminicidio, un ataque a población o a cualquier miembro de la familia. 

El desempleo, la pobreza y la informalidad en más de un 60 por ciento del departamento, también son factores que derivan en violencia urbana, dijo Villamizar. 

En este sentido, destacó la articulación con todos los organismos de seguridad y organizaciones de derechos humanos, para mitigar los efectos de la violencia y los indicadores en Norte de Santander, que ya están superando los del año anterior. 

Como punto de honor, solicitó la reanudación de los diálogos de paz con el Eln, pues “en el tiempo que duró el cese bilateral en la región, no hubo secuestros, homicidios, ataques hacia la Policía, el Ejército, hacia el tubo de Ecopetrol, o la infraestructura eléctrica”, sostuvo el gobernador. 

El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo resaltó la reducción que han logrado en la mayoría de delitos, a partir de las capturas efectivas que han dado a través de la acción policial.  No obstante, señaló que los homicidios opacan los demás logros. 

Anunció que el próximo 29 de octubre habrá una marcha por la paz y en rechazo a los violentos.

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Mientras haya coca, habrá violencia

Para Wilfredo Cañizares, presidente de la Fundación Progresar, el problema de la violencia urbana en Cúcuta y el departamento seguirá hasta tanto no se resuelva el problema de la siembra de coca. “Nosotros calculamos que en el Catatumbo se producen entre 80 y 100.000 kilos de coca al año, mientras haya esa economía ilegal ahí, aquí cualquier grupo delictivo no solamente va a surgir, sino que se va a desarrollar y se va a fortalecer”, afirmó Cañizares, en referencia puntual al resurgir que experimentó el Ejército Popular de Liberación, Epl, que se creía extinto. 

“Nosotros valoramos y respetamos lo que se está haciendo. La pregunta sería si están haciendo tanto, cosas tan bonitas y tan buenas, por qué la situación está tan grave, por qué empeora, por qué se deteriora, por qué cada vez más las bandas criminales y delincuenciales son más grandes y controlan más territorios”, dijo. 

Insistió que lo que sucede es que se sigue haciendo un diagnóstico equivocado  y por lo tanto las soluciones también lo son. 

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“Los problemas son muy graves, es posible que lo que se está haciendo no es suficiente para responder a la gravedad, hay que señalar claramente que tenemos décadas de no actuar contra la criminalidad y hoy tenemos un monstruo de mil cabezas actuando en Cúcuta y el área metropolitana”, sostuvo.  

Recordó que según Progresar, en Cúcuta harían vida más de 35 bandas y cinco estructuras armadas, ligadas al paramilitarismo, a las guerrillas y al narcotráfico, pero más allá de eso “lo que nos interesa es elaborar un diagnóstico que nos permita encontrar un camino común. 
 

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