Hasta el parque Santander arribaron decenas de habitantes de Cúcuta para decirle al alcalde César Rojas: “¡no más impuestos!” y rechazar así la tasa de seguridad y convivencia aprobada la semana pasada por el Concejo, a solicitud del mandatario local.
El plantón frente a la sede del Ejecutivo municipal fue convocado por organizaciones obreras como Sintragasolina y el Sindicato de Vendedores Ambulantes de Norte de Santander (Sinvanors), así como toldas políticas como el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) y Colombia Humana.
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Según Yolanda Olarte, defensora de derechos humanos y vocera del sector de los trabajadores informales de Cúcuta, quien es una de las organizadoras de la protesta, “la ciudad pasa por una dura en crisis económica y social, aunada a la situación de la migración venezolana”, por lo que “no es el momento para que le saquen a los cucuteños otro impuesto”.
Hace ocho días, tras un extenso debate en el Concejo de Cúcuta, con 13 votos a favor y 6 en contra, fue aprobada la solicitud de la Alcaldía de ajustar el Estatuto Tributario que incluye esta tasa de seguridad.
Según lo dispuesto en la norma, los recursos deberán destinarse a aspectos como el mantenimiento y expansión de cámaras de seguridad, mejoramiento de la línea 123, adquisición de equipos de comunicación, fortalecimiento de pie de fuerza y otros que no puede financiar la administración municipal.
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xtraoficialmente se dijo que el objetivo es crear una alianza público-privada para presuntamente concesionar por años la destinación de los recursos que se prevé recaudar, estimados entre 400 a 500 millones de pesos mensuales, es decir, 4.800 a 5 mil millones de pesos anuales.
