Decepcionados y atemorizados terminaron los representantes del sector productivo y habitantes del área de influencia del puente Mariano Ospina Pérez, cuyo cierre definitivo para repontenciarlo se debe hacer el 18 de abril y aún no hay plan vial.
La confirmación se dio ayer, en la reunión número 15 que hicieran las autoridades del departamento, la cual terminó sin mayores conclusiones.
Esencialmente, solo se acordó el envío de una comisión que iría a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para garantizar $200 millones, necesarios para evitar el cierre total del puente.
Según la Concesionaria San Simón, estos recursos son esenciales para asegurar el paso peatonal, pues sin ellos no hay cómo asumir el sobrecosto que implica trabajar en el cambio de losas del puente mientras se permite el tránsito de personas.
Sin embargo, el asunto apenas es una solicitud que parece no haber llegado a la ANI, pues solo hasta este 28 de marzo la Gobernación envió un oficio solicitando el dinero, pese a que ya había conocimiento del cierre desde el 23 de febrero.
Pero este no es el único problema, ya que tampoco se ha resuelto el mantenimiento de la vía alterna para la carga pesada, entre Agualasal y Puerto León.
En este caso, la Gobernación anunció $500 millones que serían ejecutados por el Consejo departamental de gestión del riesgo, pero hasta el momento no hay ni recursos ni obras.
Según se informó en la reunión, el proceso para obtener la suma se haría por selección abreviada, que tarda 45 días, y el cierre es inminente e inaplazable.
A la fecha, únicamente se están invirtiendo mil millones en la ruta Urimaco-San Cayetano, la otra vía alterna, pero las lluvias y el paso de tractomulas retrasan y perjudican los trabajos.
Aunque la comunidad reconoce que la Gobernación es la única entidad que hace algo por la vía porque la alcaldía de Cúcuta ni siquiera envía delegados, “sin ser nosotros los responsables del problema, nos ocupamos de la solución”, según señaló el secretario de Infraestructura, Rafael Ramírez, los empresarios no entienden por qué no se tomaron decisiones antes.
José Luis Santos, vocero del sector arrocero, calificó como “lamentable” el hecho, porque “de esto no se habló hace dos meses, sino hace un año”.
“Es preocupante para todos los industriales que, a estas alturas, nos propongan irnos por Bucaramanga”, aseveró. “Si esa es la opción, es muy grave”.
La queja fue respaldada por Leonardo Méndez, vocero de Colfecar, quien pidió reconsiderar la vía Agualasal, con seguridad reforzada en vista de los riesgos por la presencia de grupos armados.
“Es imposible aumentar en casi un 30 por ciento los fletes”, agregó, mientras en el recinto se acordó, como antes, otra reunión para el martes.