María Paola Castro, de 38 años, ha pasado los últimos cuatro años en blanco con el fisco local. Su deuda de predial asciende hoy a los siete millones de pesos, pero de esta cantidad, en solo intereses, adeuda 4 millones de pesos. “Me están comiendo viva los intereses”, dice.

Muchas han sido las causas que le han impedido cumplir con esta obligación: “Me quedé sin empleo casi un año y ello me desestabilizó, porque no solo debo predial, también me atrasé en el pago del teléfono, la energía y el internet”, asegura Castro.

Ella hace parte de la población que no le cumple a Cúcuta con el pago de los impuestos y por cuyo concepto el municipio carga una cartera a cuestas que supera los 150.000 millones de pesos, según el secretario de Hacienda, Luis Javier Chávez.

Los que sí van al día con sus pagos solo representan un 28.75 por ciento del total de predios que conforman la base catastral de la ciudad: 249.000.

Es decir que son solo 69.000 propietarios de predios los que pagan el predial de manera cumplida cada año. El resto, como Castro, no lo hace y ello le está representando a la ciudad acumular desde la vigencia de 2012 una cartera que a primera vista pareciera irrecuperable.

Esto, sumado a que la ciudad tiene unos 7.000 predios que no están tributando lo que realmente corresponde, sino que sus propietarios pagan de predial sumas ínfimas, como si fueran lotes y no edificios los que se levantan sobre ellos.

Este año se llevan recaudados $47.657 millones, que corresponden a lo de 69.000 predios. A dos meses largos por culminar la vigencia, el municipio espera sobrepasar aún más lo recaudado el año pasado, cuando ingresaron al fisco $44.995 millones. 

Castro vive en el barrio Ciudad Jardín (estrato tres) que, a juicio de Chávez, integra el grupo de propietarios que menos le aportan al recaudo de impuesto predial al municipio.

Para el funcionario, son los estratos 4, 5 y 6 los que mayor volumen de recursos aportan. Sin embargo, en este grupo también figuran evasores que le juegan sucio a Cúcuta. Uno de los hallazgos que más llamó la atención de Chávez fue el que mostró una resolución del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), en la que se modificaba el avalúo catastral a un bien inmueble del condominio Mirador Campestre  (estrato seis), de 800 a 400 millones de pesos. El argumento que se aportó para ello fue que el techo era en eternit.

Pero lo más insólito es que la alcaldía le salió a deber al propietario de este predio, ya que la modificación fue con retroactivo hasta la vigencia 2012.

En concreto, ¿qué ha hecho la alcaldía para cobrar lo que le deben?

El año pasado, a raíz de la reforma tributaria, otorgamos el 60 y 40 por ciento de descuento en los intereses de mora y por ello gran cantidad de contribuyentes se acercó a pagar, dijo Chávez.

Este año estamos embargando bienes inmuebles, cuentas bancarias y haciendo anotaciones en el libro de instrumentos públicos.

Para tener una idea de este ejercicio, desde 2016 a la fecha, la alcaldía ha hecho 22.000 embargos, en su mayoría a propietarios de bienes inmuebles de barrios estratos seis, dueños de fábricasy personalidades de Cúcuta, precisa Chávez.

Otro de los recursos empleados y con el cual se aspira a normalizar parte de la cartera, es un proyecto de acuerdo que va a conceder descuentos en intereses de mora por 70 y 40 por ciento durante los meses de noviembre y diciembre, el cual fue aprobado esta semana que termina por el Concejo.

Ante la pregunta de si ese tipo de política no está incidiendo para que la gente piense que es mejor no pagar porque la alcaldía termina concediendo descuentos a los que son ‘mala paga’ con Cúcuta, el secretario de Hacienda señaló que no es así, porque no se está descontando el capital sino parte de los intereses.

Los predios del municipio no pagan

Una incógnita que no se ha podido resolver y por ello ha sido difícil para los tributarios de Hacienda determinar el monto real de ingresos de predial, es de cuántos predios es propietario el municipio. Esto también ha imposibilitado conocer a cuánto asciende el monto de los que no pagan.

¿Cuándo se actualiza Cúcuta?

Las leyes 1450 y 1483 disponen que los municipios deben actualizarse en periodos máximos de cinco años. 

Sin embargo, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) recomienda que sea cada tres años, en atención a que en este lapso los cambios estructurales y los prediales no varían mucho y, en este sentido, los usuarios no van a sentir mucho el peso de la entrada de un nuevo avalúo. 

Caso contrario sucede si la actualización se produce cada siete u ocho años, como es el caso actual de la ciudad.

Luego de los hallazgos en los que se encontraron 7.000 predios por fuera de la base catastral de Cúcuta, el municipio presentó una propuesta al Igac para que en la presente vigencia se haga la incorporación al catastro de unos 1.000 o 2.000 predios, y el próximo año empiecen a tributar como debe ser, no como el lote sobre el que venían pagando, sino sobre el edificio que se construyó. 

La actualización de la ciudad se haría el próximo año, ya que actualmente presenta un atraso de siete años.

En 2011, cuando se hizo el último estudio de zonas en Cúcuta, había unas condiciones económicas y sociales diferentes a las de hoy. Había una burbuja inmobiliaria, por el tema de Cadivi, y mucho dinero en el mercado. Los valores de los inmuebles la gente los pagaba. Hoy, este mercado inmobiliario varió por la crisis de la frontera.

Ocupación de bienes públicos

Planeación municipal estima que unos 10.000 predios, de los 31.000 sobre los que tiene propiedad el municipio, están ocupados por particulares en zonas apartadas, con quienes se tiene que entrar a desarrollar una estrategia de titulación y con ello buscar su formalización para obtener de ellos ingresos tributarios.

En esta dirección ya se empezaron a dar los primeros pasos con la contratación de un software que empleará la ortofotografía para ubicar los predios y determinar en manos de quiénes están.

El objetivo es atrapar a aquellos evasores del impuesto predial que han construido, incluso edificios, sin dar aviso al fisco, pagando tasas de impuestos irrisorios, lo que representa fugas tributarias para el municipio.

Evite un embargo

El embargo es el último paso jurídico que se da a la hora de cobrar una renta, pero previamente se puede acceder a opciones que ayudan a normalizar la situación de cobro y a evitar medidas cautelares o, en el peor de los casos, el secuestro y remate de un bien. Una vez se tenga un compromiso pendiente se debe acudir a los centros de atención al contribuyente para hacer un acuerdo de pago de la deuda. Allí se revisa el estado de cuenta y se establece un plan de pago que sea asequible para cancelarlo en cuotas mensuales durante un determinado plazo.