Con gritos y pancartas estudiantes, profesores, padres de familia, líderes y exalumnos del Colegio Camilo Daza protestaron frente a la Alcaldía de Cúcuta, exigiendo garantías para la educación.

El contrato que tenían los Misioneros de San Carlos, “Scalabrinianos”, con la Secretaría de Educación Municipal fue suspendido para este 2019, pues no reúne el percentil 30 en los resultados de las pruebas Saber, exigido en el Decreto 1851 de 2015 del Ministerio de Educación Nacional.

Por ello, los 4.300 estudiantes de las comunas 6 y 7 de Cúcuta matriculados en las siete sedes de la institución educativa se quedaron sin clases y sin cupo. Además, el plantel de docentes que laboraba en estos centros educativos está sin trabajo.

¡Alcalde dé la cara, nos están negando el derecho a la educación!, dijo una madre cabeza de hogar, afectada por la situación. 

Durante la manifestación el grupo se aglomeró en la entrada de las instalaciones de la Alcaldía, exigiendo una respuesta inmediata por parte del alcalde César Rojas y de la Secretaría de Educación, quienes tiempo después, permitieron el ingreso al lugar de un grupo particular para exponer los puntos inconformes y dialogar. 

En la reunión se explicó, sin contar con la presencia del padre Francesco, las condiciones y los minúsculos avances que le había planteado Rojas a Bortignon.

Según el alcalde, el problema también es del Gobierno Nacional, “nosotros no podemos cambiar un decreto o una orden que den ellos porque sí, por el momento le estamos planteando la solución y es firmar un convenio con la comunidad religiosa clareteanos”.

Este convenio, según los manifestantes, se firmaría, esta misma tarde, sí se cumpliera con dos peticiones. 

La primera, que en el nuevo acuerdo se le dé continuidad laboral a los mismos docentes, que la Alcaldía se comprometa con la canasta de la institución, que  la entidad cancele los 1.400 millones de pesos que el alcalde le debe al padre, y que el próximo año se den las garantías de que el convenio sea directamente con la comunidad Scalabrini. 

Y la segunda, es sí el padre Francesco llega a un acuerdo con la comunidad Claretiana. Esto, en el sentido religioso, pues el sacerdote pide autonomía con sus alumnos y profesores. 

Ante las condiciones, Rojas aceptó la primera y aseguró que en cuanto el acuerdo entre las comunidades religiosas se pacte, los 4.300 estudiantes tendrán solución. 

Sin embargo, la segunda parte del convenio, hasta el momento, no se cumplió.

Tutela

Fuera del convenio, el padre Francesco Bortignon está a la espera de la respuesta a la tutela que instauró el 16 de enero, presentada por los misioneros y firmada por 1500 representantes de los alumnos, en la que aclara que la responsabilidad del servicio educativo está en manos del Ministerio de Educación Nacional y de la Secretaría de Educación Municipal, por ser municipio certificado.

En el amparo, Bortignon pide que el derecho a la educación de los 4.300 estudiantes, que están expuestos a diferentes peligros y viven en condiciones vulnerables, sea garantizado, ya sea permitiéndoles el estudio en otras instituciones.

“Les solicitamos a los señores magistrados, se sirvan conceder el amparo constitucional impetrado y, en consecuencia, se sirvan ordenarle a la Secretaría de Educación Municipal y, paralelamente, al Ministerio de Educación Nacional, que procedan a renovarles el cupo a los 4.300 estudiantes que aparecen mencionados en el listado anexo a este escrito de tutela, independientemente de que sean matriculados en otros establecimientos educativos distintos al Colegio Camilo Daza, aunque éste último es el más cercano a sus casas y es en el que todos ellos vienen cursando sus estudios”, señalan.

Por ahora, los estudiantes esperan obtener una solución para que puedan asistir a las clases.