El hecho de contar solo con 38 agentes para controlar el tránsito de Cúcuta, es de por sí una cifra rídicula e insignificante en una ciudad por la que transitan más de 127 mil carros y 81 mil motocicletas, a parte de que por ella concurre una población de más de un millón de habitantes.
La apreciación es del concejal Oliverio Castellanos, estudioso del tema de la movilidad de Cúcuta, y quien considera que una medida para regular el tránsito vehicular como la que está concibiendo la Alcaldía es perjudicial para la ciudad, como quiera que está pactada durante todo un día para taxis, carros particulares y motocicletas.
El concejal Jaime Mathey va mucho más allá: aprobar la medida resultaría caótico para los cucuteños, máxime cuando la ciudad soporta los más altos íncides del país en materia de desempleo (18 %) e informalidad (70%). “Sería agravar más la crisis”.
En el control político que se le siguió el pasado viernes al secretario de Tránsito, José Luis Duarte, el Concejo en pleno considera que lo que le ha faltado a Cúcuta es más presencia de la autoridad en las vías, pero también, que el convenio con la Policía para que lleve el control de la movilidad no ha sido eficaz.
De hecho, en los 26 cruces viales indentificados como peligrosos por el alto tráfico vehicular, muy pocas veces se observa presencia de policías de tránsito.
En este sentido, Marthey le propuso a Duarte que los 1.400 millones de pesos que se invierten con la Policía para que solo 38 agentes cumplan funciones de regulación del tránsito, daría mayores resultados si mejor se destina ese presupuesto a la contratación de 116 personas capacitadas en la materia, pagándoles a cada una 1 millón de pesos durante los 12 meses del año.
A cambio —dijo—, a los policías deberían utilizarlos para la seguridad de la ciudad, en lo que se requiere mayor pie de fuerza.
El alcalde, César Rojas, anunció días atrás que la medida entraría en vigencia el 1 de abril y así se mantendría durante los primeros 15 días de manera pedagógica. Sin embargo, esto no ocurrió.
En el control político, concejales como Marthey y Castellanos preguntaron a Duarte sobre los beneficios que tendría la ciudad con la medida, y la respuesta del funcionario fue que aún faltan estudios, por ejemplo, para determinar cuántos vehículos se pretenden sacar de circulación diariamente.
'Sin respuesta'
Tampoco se tiene claro cuántos carros venezolanos circulan en Cúcuta, porque Tránsito no cuenta con un censo, salvo el registro de los vehículos que han obtenido el Soat en Cúcuta, “pero nadie sabe si es real o no, porque los carros venezolanos vienen y van por diferentes trochas de la zona de frontera”, sostuvo Marthey.
Castellanos dijo que no se explica por qué Tránsito no ha expedido el decreto reglamentando la actividad de cargue y descargue del centro; tampoco, que se haya aprobado a taxistas 326 paraderos, que no cumplen con la reglamentación exigida del espacio público, ni tampoco tanta demora para restructurar las rutas de buses urbanos, que es lo que tiene frenada la movilidad en el centro.
Duarte admitió que el pico y placa no es la solución definitiva para mejorar la movilidad de la ciudad. Dijo que esto se dará cuando se modernice la red semafórica, se reglamenten las zonas azules o amarillas y mejore la cultura ciudadana en las vías.
