Los actos de violencia que se produjeron el viernes pasado en las instalaciones de la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS), producto de enfrentamientos entre seguidores de las campañas rectorales, no volverán a presentarse, al menos por lo que resta de la consulta que está en marcha para escoger el reemplazo de Héctor Parra.
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Así quedaron comprometidos directivas del alma mater y los seis candidatos que están en carrera para el cargo de rector, tras el pacto por la paz y el respeto por la democracia de la universidad que firmaron ayer luego de tres horas de diálogo.
Delegados de la Registraduría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Personería y la Policía Metropolitana sirvieron de testigos de este compromiso con el que también se busca devolver las condiciones y garantías de transparencia al proceso que se inició en septiembre y que culminará con la elección del nuevo rector de la UFPS para el periodo 2022-2026
El pacto está compuesto de tres compromisos:
1. Respetar las decisiones institucionales alrededor de la consulta democrática para aspirar al cargo de rector, al igual que las directrices que tomen las distintas autoridades universitarias, administrativas y judiciales.
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2. El desarrollo de la democracia en condiciones de igualdad y libertad, sin lugar a actos de violencia. En este orden, los voceros y seguidores no realizarán actos verbales, físicos, psicológicos o de otra índole que conlleven afectaciones a otras personas y a la comunidad en la presente consulta, y en caso de que suceda sea rechazada y desautorizada por cada uno de nosotros y, de ser del caso, puesta en conocimiento de las autoridades respectivas.
3. Teniendo presente la importancia de la información veraz e imparcial para garantizar la democracia universitaria, se pactó no hacer declaraciones injuriosas o falsas contra los candidatos en consulta y directivas de la universidad, docentes o estudiantes, siendo conscientes de que los únicos que pueden pronunciarse de esta situación son las autoridades competentes.
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Los candidatos Sandra Ortega, Yolima Gómez, Fabio Torres, Jhan Piero Rojas, Miller Riaño y Carlos Flórez aceptaron los términos que quedaron consignados en el pacto, en aras de que la consulta tenga un final feliz.
La gobernadora encargada, Taiz Ortega y los miembros del Consejo Electoral Universitario también sirvieron de garantes de la firma del pacto.
El candidato Carlos Flórez indicó a La Opinión que lo que menos se quiere ahora, tras el pacto de no agresión, es que no se vuelvan a repetir los hechos de violencia que se registraron en el campus universitario el pasado viernes en la mañana, cuando se suspendió la Consulta por una orden judicial.
También se solicitó por parte de algunos candidatos mayor atención para que se cumplan las garantías. Se solicitó al rector Jorge Sánchez que establezca todos los mecanismos que faciliten las condiciones a fin de que los candidatos puedan adelantar la presentación ante estudiantes y trabajadores de sus agendas rectorales.
En el encuentro de directivas y candidatos también se conformó una comisión para dialogar con el abogado Carlos Bolívar, quien se encuentra en huelga de hambre. Los candidatos, autoridades y bienestar universitario le pidieron que levante su protesta.
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Jhan Piero Rojas indicó que ahora se está a la espera de que se reúna el Consejo Superior Universitario para conocer el nuevo calendario de la consulta, la cual en un comienzo estaba prevista para los días 21 y 22 de octubre.
Tras la sentencia definitiva que dictó el Juzgado Quinto Civil Municipal, en la que se concluyó que la universidad no le vulneró el derecho a la igualdad al estudiante de posgrado Jonathan Alexander Carrillo, también se volvió a dejar en firme la realización de la Consulta.
Las autoridades universitarias indicaron que se están adelantando todas las diligencias de ley para volver a programar los días en que se llevará a cabo la contienda electoral para escoger el reemplazo de Héctor Parra.
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En la próxima fecha que se pacte, en la consulta podrán participar los cerca de 20.000 estudiantes del claustro universitario de sus distintas sedes que tengan matrícula vigente, al igual que unos 227 profesores de planta y de medio tiempo, y cerca de 100 trabajadores del alma mater.
La contienda por la rectoría, como ha sucedido en los últimos veinte años, ha estado rodeada de un ambiente sacudido por las protestas, tutelas y denuncias por presuntas violaciones a los principios estatutarios de la institución relacionados con el manejo interno de las elecciones.
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