La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) expresó su preocupación ante la propuesta del nuevo proyecto de Ley de Financiamiento o de reforma tributaria de aumentar la sobretasa del impuesto de renta al petróleo en 5 puntos porcentuales (p.p.), llevándola, sin fundamentación técnico-económica, hasta el 20%; una medida que, según el gremio, podría comprometer severamente el futuro energético y económico del país.
De acuerdo con la ACP, esto implicaría un impuesto de renta del 55% para la industria, además del pago de regalías, derechos económicos, contribuciones sociales, ambientales y demás aportes que esta realiza, desbordando con ello su capacidad contributiva y desincentivando sus inversiones en el país.
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La ACP recordó que, 2022, el Gobierno promovió una reforma tributaria que incluyó, sin el respaldo de un análisis técnico riguroso, una sobretasa al petróleo de 5, 10 y 15 puntos adicionales al impuesto de renta, justificada en los altos precios internacionales. Para ese año promediaron los US$100 por barril, pero los precios han bajado a cerca de los US$70.
La asociación indicó que eso es incoherente con el incremento en la sobretasa que se propone, entre otros nuevos gravámenes a la industria del petróleo y gas. Afirmó que, fruto de dicha decisión, este sector hoy tiene una tasa efectiva de impuesto de renta de hasta el 50%, mientras otros no llegan siquiera al 30%, lo cual evidencia un claro ejemplo de inequidad tributaria.
“Como consecuencia de la reforma de 2022, las inversiones exploratorias se han reducido 57%, lo que ha conllevado a que las inversiones voluntarias caigan a mínimos históricos. Aquí es importante considerar que, si no se hubiera debilitado al sector, no se necesitaría Ley de Financiamiento”, señaló el presidente ejecutivo de ACP, Frank Pearl.
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Pearl añadió que esta tendencia se agrava con nuevas cargas impositivas, por lo que se vislumbra el final de la actividad exploratoria en Colombia a partir del 2030, en razón a que incrementos adicionales a la sobretasa inviabilizaría la exploración.
Para la industria, esta medida supone un nuevo cambio en las reglas de juego que pondría en riesgo la sostenibilidad económica de los proyectos e incidiría en menor inversión exploratoria y de desarrollo, por lo cual, también en nuevas reservas y producción futura.
Pearl agregó que este aumento también compromete las metas de producción de hidrocarburos, en la medida en que el incremento en los gravámenes afectaría a todos los campos, principalmente, a los que producen crudos pesados y a los marginales, que representan respectivamente el 54% y 10% del total nacional, los cuales serían inviables al adicionar los nuevos gravámenes.
El Ministerio de Hacienda, en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2024, contempla una producción promedio de 750.000 barriles día de petróleo hasta el 2035.
Asimismo, presidente ejecutivo de ACP dijo que se vería comprometida la aprobación de nuevos proyectos de desarrollo, necesarios para incrementar la producción y evitar la declinación natural de los campos, “levando al país a una caída precipitada de la producción”.
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Riesgo de la seguridad energética
Frank Pearl aseguró que, teniendo en cuenta que el 45% del total de la matriz energética colombiana proviene del petróleo y el 21% restante del gas natural, es innegable que la aprobación de esta propuesta representaría un riesgo para la seguridad energética de Colombia, en la medida que para garantizar el abastecimiento energético se requiere inversiones constantes y significativas en exploración y producción.
Por lo tanto, en el mediano plazo el país estaría condenado perder su autosuficiencia en hidrocarburos, afectando la generación de regalías, empleos, encadenamientos productivos en las regiones e ingresos a la nación.
El presidente ejecutivo de ACP resaltó que el detrimento de la industria de petróleo y gas generaría que, en el corto plazo, otros sectores deban soportar la carga con la cual ya no podría contribuir este sector, que en 2023 representó el 20% de los ingresos corrientes de la Nación, el 16% de la inversión extranjera directa y el 4,6% del PIB.
Además, los recursos de regalías que financian proyectos en las regiones para cerrar brechas en materia de educación, salud, servicios públicos, entre otros, y cuyo presupuesto bienal 2025-2026 recientemente aprobado por el Congreso fue de $30,9 billones, declinarían significativamente en el futuro. En resumen, un incremento adicional en los impuestos amenaza las contribuciones de esta industria al país y las regiones.
Finalmente, la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas hizo un llamado respetuoso a los integrantes de las comisiones económicas del Congreso de la República, para que no se apruebe el aumento de la sobretasa y ninguna otra medida confiscatoria que conlleve a marchitar una industria fundamental para la seguridad energética, la estabilidad macroeconómica y el desarrollo de las regiones.
Igualmente, pidió al Gobierno propender por mantener un equilibrio que incentive la inversión y el desarrollo del sector y preserve su capacidad de generación de recursos para el país y los territorios, en beneficio de la seguridad energética y la calidad de vida de los colombianos.
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