El empleo de baja calidad continúa con fuerte presencia en Cúcuta y su área metropolitana, un problema que ha crecido en lo que va de año, por lo que seis de cada diez trabajadores son informales.

De acuerdo con el reciente informe consolidado del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para el trimestre febrero-abril, Cúcuta fue la segunda ciudad con más trabajadores que no cuentan con protección integral de seguridad social, al registrar una tasa de 62,6%, lo que significó un crecimiento de 0,9 puntos porcentuales (p.p.) respecto a igual periodo del año pasado.

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Las Perla del Norte se ubicó en el medio de Sincelejo (66,8%) y Riohacha (61,2%) en la tabla de 23 urbes principales, a una diferencia de 7,5 p.p. respecto al promedio nacional. 

El informe del DANE reveló que en los primeros cuatro meses del año, la informalidad creció en 6.000 empleados, para un total de 277.000 de los 442.000 ocupados. Desde abril de 2024 hasta abril pasado, esta cifra sumó 16.000 trabajadores.

Además, aunque 19.000 personas encontraron empleo entre febrero y abril, 15.000 (78,9%) de esos nuevos ocupados entraron a la informalidad. 

Al comparar ambos indicadores, solo 4.000 personas hallaron empleo de calidad: con cotización en salud, pensión y Administradora de Riesgos Laborales (ARL), pago de cesantías, prima de servicios y vacaciones. Así, ocho de cada diez empleos creados son informales.

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¿En qué se ha fallado?

Para los expertos del Centro de Pensamiento Pro Cúcuta, el panorama es de “negros nubarrones” e indica que alguna tarea se está haciendo mal, porque llama la atención que el mayor empleador sea el sector público.

El presidente de la institución, Antonio Ríos, señaló que los esfuerzos locales se han circunscrito a impulsar los programas de fomento empresarial individualizados; estos son válidos para las personas de tercera edad o mujeres cabezas de hogar que buscan una economía de subsistencia y, por esa estrategia, han florecido renglones de negocios que, seguramente, ya están saturados de peluquerías, repostería, centros de estética, comidas rápidas y otros, pero con informalidad; incluso, por debajo del salario mínimo.

“Los gobiernos locales deben volcar su mirada y el foco de acción hacia los jóvenes universitarios, que se les dé tratamiento preferencial de apoyo a las iniciativas asociativas desarrolladas con sentido empresarial. Ese objetivo es factible desarrollarlo solo con las nuevas generaciones. Por eso, hemos creado el capítulo Pro Cúcuta Joven, para poner a pensar a los muchachos”, agregó Ríos. 

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La asociatividad, una alternativa

El vocero de Pro Cúcuta indicó que las empresas asociativas son una alternativa para combatir el empleo informal, porque tienen menores tasas de impuestos, manejan economías de escala para comprar y vender sus servicios o productos, pueden participar en licitaciones nacionales con carácter preferencial, acceder a créditos de los bancos de segundo piso, como Finagro y Bancóldex, que ofrecen menores tasas de interés, y presentar propuestas a los organismos de financiamiento internacional.

Antonio Ríos dijo que reconocen la activa participación en el desarrollo de políticas públicas de generación de empleo que han tenido la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía. No obstante, sugieren lo siguiente:

• Priorizar proyectos asociativos. Los fondos de apoyo al emprendimiento deben puntuar con mayor énfasis a las propuestas que nazcan bajo figuras de Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA) o Empresas Asociativas de Trabajo (EAT).
• Cambiar el modelo de negocio. Este modelo empresarial no requiere pequeños subsidios de dotación individual que mantienen viva la informalidad; estas iniciativas requieren fondos que financien la constitución legal, la certificación sanitaria, la capacidad técnica colectiva y el capital de trabajo a tasas de interés cero en los primeros años.
• Encadenamiento. Las autoridades gubernamentales deben actuar como los primeros grandes compradores de este tipo de empresas. Si se agrupa a los pequeños productores en cooperativas, el Estado puede contratar con ellos servicios de alimentación, dotación o mantenimiento.
• Acompañamiento técnico. Parte del presupuesto de los fondos de emprendimiento se deben destinar al apoyo contable, la capacitación técnica y la dotación tecnológica de punta. 
• Contratación directa. Los gobiernos locales deben aplicar las normas de contratación pública establecidas. En los procesos licitatorios bajo la Ley 80, pueden establecer ventajas en la adjudicación de los contratos a las empresas asociativas cooperativas, para que puedan competir con las empresas formales ya consolidadas.

Cúcuta genera empleo, pero no necesariamente empleo de calidad, porque gran parte de los nuevos ocupados ingresan a la informalidad, uno de los principales retos económicos de la región.

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