El próximo domingo, 21 de junio, el país deberá elegir, entre dos candidatos, el presidente para el siguiente cuatrienio. La tarea no es menor. La próxima administración enfrentará desafíos significativos en diversos frentes.

Para los analistas económicos de Anif, liderados por José Ignacio Lopez, entre los retos a encarar figuran un estado de urgencia por estabilizar las finanzas públicas. Un sistema de salud que ha visto cómo se deterioran sus indicadores de calidad y acceso; además de un sector energético con dificultades para mantener una oferta que supla la creciente demanda, intensificadas por los choques ambientales esperados en el segundo semestre del año.

A lo anterior se suma la necesidad de acelerar la ejecución de proyectos de infraestructura y posicionar a este sector como uno de los principales ejes de inversión, lo que debe acoplarse con la implementación de políticas que favorezcan el crecimiento, la productividad y la competitividad empresarial.

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El tanque de pensamiento insiste en que la siguiente administración encontrará una agenda marcada por restricciones fiscales, presiones sociales y la necesidad de acelerar el crecimiento económico.

Por eso, resulta fundamental que las propuestas económicas ocupen un lugar central en el debate electoral, pues de ellas dependerá en gran medida la capacidad del país para generar crecimiento, bienestar y oportunidades durante los próximos años.

Presión fiscal y deuda

Diana Ayala, directora de la firma de consultoría Goan, enfatiza en que el próximo gobierno recibirá una economía marcada por fuertes desafíos fiscales, altos compromisos financieros y posibles dificultades energéticas.

De acuerdo con la experta, la principal preocupación para la próxima administración será el deterioro de las finanzas públicas, en un contexto en el que los ingresos del Estado no alcanzan para cubrir todas las obligaciones presupuestales.

“El próximo gobierno no la tiene fácil. Va a encontrar desafíos muy grandes”, afirmó Ayala. Según explicó, el país enfrenta un déficit fiscal elevado que limita la capacidad del Estado para financiar políticas públicas, fortalecer sectores como salud y educación, e impulsar programas de desarrollo económico.

La directora de Goan señaló que una parte importante de los recursos que recauda la Nación está comprometida con el servicio de la deuda. “El 30% de cada peso que entra al país se está yendo solo en pago de intereses”, indicó.

Añadió que el capital de la deuda se cancela al vencimiento de las obligaciones, que en muchos casos tienen plazos de entre cinco y diez años.

A las dificultades fiscales se suma la preocupación por un eventual fenómeno de El Niño, que podría provocar una reducción significativa de las lluvias y afectar la generación de energía en el país.

El fantasma de un apagón

Anif señala que el sector energético es uno de los que enfrenta problemas de mayor envergadura: pérdida de la suficiencia gasífera, demora en la entrada en operación de proyectos de generación eléctrica, una demanda creciente y vulnerabilidad ante fenómenos climáticos, son una combinación peligrosa para garantizar la oferta energética. Por eso está expuesto a riesgos plausibles para el suministro continuo, con sus consecuentes impactos sobre la actividad económica.

Además, la política de exploración y producción de hidrocarburos trasciende la discusión sobre seguridad energética, pues guarda una estrecha relación con la estabilidad fiscal por la importante fuente de recursos que representan para el fisco los ingresos de Ecopetrol. Expertos sugieren que las restricciones presupuestales, sumadas a los riesgos energéticos dificultarían la implementación de las propuestas económicas. Sin energía y con menor inversión, el gobierno entrante la tiene muy difícil.

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Impulso a la llegada de la inversión

Para el Ministerio de Comercio la inversión extranjera está creciendo con fuerza, lo que reafirma la confianza en el país. Y es que de acuerdo con las cifras del Banco de la República, la Inversión Extranjera Directa alcanzó los US$ 3.794 millones entre enero y marzo de 2026, lo que representó un crecimiento de 34,4 % respecto al mismo periodo de 2025.

En contraste, la Asociación Colombiana de Capital Privado considera que el país enfrenta desafíos estructurales como la baja productividad, la informalidad laboral y la incertidumbre regulatoria, factores que han limitado el flujo de inversión. La Asociación propone un “pacto por la inversión inteligente” que articule una agenda regulatoria orientada a fortalecer la confianza, mejorar la seguridad jurídica y ampliar las oportunidades en sectores estratégicos. Se destaca estimular el ahorro pensional e inversión nacional, propiciar que las aseguradoras tengan un marco regulatorio e impulsar el ecosistema de startups mediante incentivos.

La obligación de cuadrar las cuentas

La calificadora Fitch Ratings advirtió que el próximo presidente se enfrentará al reto de abordar el amplio desequilibrio fiscal de Colombia. Explicó que el déficit del gobierno central fue del 6,4 % del PIB en 2025, o del 7,8 % neto de una reducción temporal de los costes de intereses derivada de las recientes operaciones de gestión de la deuda. La evaluadora estima que la estabilización de la deuda requiere un ajuste del 4% del PIB. Resaltó que el aumento de los precios mundiales del petróleo impulsaría los ingresos a través de impuestos y dividendos en 2027, pero es posible que este apoyo no dure. No obstante, el Ministerio de Hacienda presentó el viernes el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026 en el que revisó al alza su pronóstico de déficit fiscal desde 5,1% presentando en la actualización del Plan Financiero en febrero, hasta 5,3% del PIB en 2026. Para el próximo año, la cartera de Hacienda estima que el déficit se reduciría hasta 4,5% del PIB y reconoció que el país requiere un incremento de los ingresos.

El recaudo mejora, pero no cumple la meta

Un elemento clave de las cuentas del país es el recaudo tributario, cuyo acumulado entre enero y mayo de este año sumó $136,2 billones, cifra que según analistas de Grupo Cibest se ubica 7,2% por encima de lo reportado en el mismo periodo de 2025. El detalle es que con esta cifra de recaudo, se observa un menor cumplimiento frente a las expectativas del Gobierno para los ingresos tributarios de 2026. Con respecto a la meta de recaudo esperado para este año, a mayo se habría cumplido con el 42,9% de los $317,5 billones fijados para 2026 y es consistente con un subcumplimiento de aproximadamente de $2,8 billones.

“Si bien en lo corrido del año hasta mayo ha sido

destacable el recaudo por IVA interno, el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) y renta, se ha observado un menor desempeño en el recaudo por los impuestos a los combustibles, al patrimonio y al IVA externo”, se lee en informe Pulso Fiscal de Bancolombia, filial de Grupo Cibest.

Ejecución del presupuesto mejora

La ejecución del Presupuesto General de la Nación mostró avances durante los primeros cuatro meses de 2026, impulsada por un aumento en las apropiaciones y una mayor dinámica en la ejecución de obligaciones, aunque la inversión pública continúa siendo el componente con menor nivel de ejecución. De acuerdo con el análisis del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, la apropiación vigente del presupuesto aumentó en $8,7 billones frente a marzo de este año. El incremento se produjo tras la expedición del Decreto 241 del 12 de marzo de 2026, emitido en el marco de una emergencia económica. Según el organismo, de los recursos adicionales incorporados al presupuesto, $7,6 billones fueron destinados a gastos de funcionamiento y $1,1 billones a inversión. Pese a la mejora observada, la inversión continúa rezagada frente a los demás componentes del presupuesto. A abril de 2026, las obligaciones asociadas a este rubro representaron el 16,7% de las apropiaciones, por debajo de los niveles observados en funcionamiento y servicio de la deuda.

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