La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ha puesto en evidencia graves prácticas abusivas en la comercialización de seguros a través de la banca.
Tras un riguroso ejercicio de supervisión entre 2022 y 2024, la entidad identificó diez conductas que vulneran los derechos de los consumidores financieros, entre ellas la renovación automática de pólizas sin autorización, el cobro de primas no estipuladas y la imposición de trabas para cancelaciones tempranas.
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Estas prácticas, catalogadas como ilegales desde 2009, reflejan deficiencias significativas en los controles internos de algunos bancos del país en concurso con unas pocas aseguradoras, esto en contraste con otros sectores no regulados por la SFC que también comercializan seguros, como empresas de servicios públicos y cajas de compensación, las cuales han demostrado un mayor compromiso con la protección del consumidor financiero. Estas entidades han implementado modelos robustos de control y mitigación para garantizar procesos más transparentes.
La problemática en la banca: unas pocas aseguradoras bajo sospecha
La supervisión de la SFC también evidenció la falta de control de algunas aseguradoras que, induciendo la venta de productos a través de canales bancarios, en ocasiones comercializan pólizas sin autorización del consumidor. Esto pone en riesgo la confianza en el sistema financiero y genera preocupación en un momento donde la trazabilidad y los soportes documentales son prioritarios para proteger a los usuarios.
Contraste con otros sectores
Mientras el canal de banca seguros enfrenta estas denuncias, empresas de servicios públicos y cajas de compensación han adoptado mecanismos sólidos de control y monitoreo para evitar abusos. Estos modelos buscan garantizar que las ofertas sean claras, voluntarias y en línea con las necesidades reales del cliente, convirtiéndose en un ejemplo a seguir para otros sectores.
El llamado de la SFC y los retos para el sector
La Superintendencia ha dejado claro que las entidades involucradas deberán corregir sus procesos y enfrentar sanciones administrativas si no cumplen con las normativas vigentes. Este contexto obliga a las entidades financieras a priorizar la transparencia y el trato justo al consumidor, para reconstruir la confianza en un sector fundamental para la economía del país.
La SFC reitera su compromiso con la protección de los derechos de los consumidores y continuará vigilando las prácticas del sector financiero para evitar que estas conductas se repitan.
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