Ya venció el plazo máximo para que los trabajadores reciban el pago de las cesantías, un monto que los empleadores consignaron en las cuentas individuales de los colaboradores y que llegó a más de 10 millones de personas.
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Estos recursos pueden ser retirados por los empleadores para la compra o remodelación de vivienda, por terminación de contrato, para educación superior, por prestación del servicio militar, fallecimiento del afiliado, entre otros escenarios contemplados por la ley.
Pero hay serias consecuencias para las personas que presentan documentos falsos para retirar las cesantías, incluso con implicaciones penales.
Gina García, gerente de GLR Abogados, dijo que “el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo dispone que la falsificación o alteración de documentos por parte del trabajador constituye una causal legítima para la terminación del vínculo laboral por parte del empleador”.
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Esto quiere decir que, si el trabajador presentó documentación falsa, el empleador se encuentra facultado para dar por terminada la relación laboral sin que ello genere la obligación de pago de indemnización alguna.
“Dicha conducta puede derivar en responsabilidad penal, en la medida en que puede enmarcarse dentro de los delitos tipificados en el Código Penal Colombiano”, explicó Gina García, gerente de GLR Abogados.
Desde la perspectiva penal, aseguró García, la conducta desplegada por el trabajador podría enmarcarse dentro de los siguientes tipos penales previstos en el Código Penal Colombiano, dependiendo de las circunstancias particulares del caso: falsedad en documento privado, uso de documento falso y/o estafa.
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El que falsifique un documento privado que pueda servir de prueba, incurrirá en prisión de uno a seis años. El que sin haber participado en la falsificación haga uso de documento público o privado falsificado, incurrirá en prisión de uno a ocho años. “El que mediante engaño obtenga para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero, incurrirá en prisión de 32 a 96 meses y una multa de hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes”, explicó.
Camilo Cuervo, socio de Holland & Knight, advirtió que “hay que ser especialmente cuidadosos en los términos y en el manejo de la situación, porque los empleadores no son competentes para determinar que un trabajador cometió un delito y, en ese sentido, alegar que hay una falsedad documental es una conclusión que solamente podría tomar un juez penal”.
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