Los topes de ventas máximas al territorio aduanero nacional, que no observan la normatividad internacional ni la realidad del aparato empresarial, pero aparecen en el documento final del proyecto de reforma tributaria, genera preocupación en la Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI.

La asociación indicó que la propuesta, que comenzó a debatirse este jueves en el Congreso, mina la sostenibilidad de estos territorios como instrumentos para la industrialización y la internacionalización del país, así como el aumento y diversificación de la oferta exportadora.

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“Hemos evidenciado el grave perjuicio que supone la pérdida de la calidad de usuario en casos de incumplimiento en los límites o umbrales propuestos en el proyecto de artículo”, agregó la Cámara.

El Gobierno propone que el beneficio tributario del 20% sobre el impuesto de renta en las zonas francas, a diferencia del 35% del resto de las empresas, se mantenga, pero está ligada al cumplimiento de un plan de internacionalización. 

El artículo 10 de la propuesta señala que para conservar ese 20% deben cumplir con topes máximos de ventas al “territorio aduanero nacional” que no podrán superar el 40% para 2024, para luego reducirse al 30% en 2025 y 20% en 2026. Esto quiere decir que, dentro de cuatro años, deberían exportar el 80% de su producción.

Afectará ingreso de empresas

Jairo Pulecio, gerente de la Zona Franca de Cúcuta, afirmó a La Opinión que “la situación es muy preocupante”, porque en una época de pospandemia y con una frontera que se acaba de reabrir comercialmente con Venezuela es “completamente imposible” llegar a ese umbral de exportación.

Pulecio indicó que la idea inicial de la reforma permitía la adaptación de las empresas y un proceso paulatino en el reinicio de la ruta de exportadora. “Esto va a afectar el ingreso de nuevas empresas y pondrá en aprietos a las que se encuentran ahí”.

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El gerente de la Zona Franca informó que recibió este territorio con siete empresas. Ahora hay 22 habilitadas y están en trámite el ingreso de otras cinco, con la claridad de que “no vienen con una vocación exportadora, y menos a esos volúmenes”. 

“Con esa reforma se va a reducir muchísimo la entrada de empresas, sobre todo manufactureras, que era lo que yo andaba buscando. Podemos llenarla de solo usuarios comerciales, que lo que hacen es comprar y vender, prestan servicios de bodega, pero no tienen un impacto tan alto en temas de empleo”, agregó. Sin embargo, ese no es el propósito.

Perjuicio a 147.000 empleos

Según la Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI, el 90% de sus empresarios son mipymes y para cumplir con los objetivos de aumento de sus exportaciones requieren de planes de internacionalización graduales, pues no hay ninguna empresa en Colombia ni en el mundo que exporte por mandato de ley, es un proceso que requiere la conquista de mercados altamente competidos.

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“La ponencia, de aprobarse como se presentó, también minaría el régimen de comercio exterior que caracteriza a las zonas francas en el mundo y Colombia perdería una oportunidad de oro para atraer inversiones, fortalecer la industrialización e insertarse en cadenas regionales y globales de valor”.

La propuesta significa un perjuicio inmenso a un aparato productivo que ha invertido más de 45 billones de pesos y que ha generado más de 147.000 empleos, de los cuales dependen las familias vinculadas a las zonas francas y las comunidades de influencia con las que se han generado cadenas empresariales y sociales.

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