Desde hace dos años, entes de control y vigilancia y diferentes organizaciones sociales han denunciado públicamente la problemática que sufre el Sistema de Salud del país, y han alertado el desabastecimiento de medicamentos.
La Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) interpuso una demanda por esta situación en contra del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) como responsables de la amenaza y vulneración de los derechos colectivos a la salubridad pública y al acceso al servicio público de salud.
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La acción busca que se garantice la materialización eficiente y oportuna de los derechos de los usuarios del sistema de salud en Colombia.
Luego de un riguroso análisis de diferentes reportes en el país y de datos sobre el desabastecimiento, FEDe. Colombia demostró que, a la fecha, no se han tomado medidas que permitan remediar la crisis de escasez de medicamentos.
Por el contrario, la problemática se ha incrementado al punto de que la Procuraduría General de la Nación, en el marco de una acción popular que cursa ante Tribunal Administrativo de Cundinamarca en contra del ministerio y el Invima relacionada con la regulación de precios de los medicamentos e insumos médicos, solicitó la práctica de medidas cautelares con el fin de que el Gobierno adopte las medidas respectivas para prevenir un daño grave respecto al desabastecimiento.
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Aunque estas medidas fueron aprobadas inicialmente, el Consejo de Estado las revocó tras una apelación del Invima, argumentando que estas no tenían correspondencia directa con las pretensiones de la acción popular. Pese a que esa entidad un plan de emergencia, ahora, sin la obligación de aplicarlo, persiste la incertidumbre sobre el futuro de estas acciones y la respuesta a la crisis.
La fundación demandó porque no se han realizado acciones efectivas que pongan fin a la escasez de medicamentos, sino que se han adoptado posturas que impiden el correcto suministro de estos, como el aumento de demoras en el trámite de registros sanitarios de medicamentos y tecnología médica, así como la insuficiencia de recursos por parte de las EPS para suministrar medicamentos a causa de la no asignación de recursos y giros relacionados con presupuestos máximos por parte los ministerios de Hacienda, de Salud y a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) que permitan a través del financiamiento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) solventar los planes de Beneficios en Salud (PBS).
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“Es claro que los elementos de disponibilidad y accesibilidad y los criterios de eficiencia y oportunidad en la prestación del servicio público de salud, resultan afectados a raíz del desabastecimiento de medicamentos e insumos”, aseguró el director de FEDe. Colombia, Andrés Caro.
Agregó que se está solicitando la adopción de medidas cautelares debido al inminente peligro de un perjuicio irremediable para los pacientes.
Dentro de las pretensiones de la demanda están que el Invima atienda oportunamente las solicitudes de registros sanitarios de medicamentos, que se garantice el flujo de recursos económicos entre el Gobierno nacional y las EPS para el suministro de medicamentos, que se ordene la creación de un comité de verificación compuesto por diferentes actores del sector salud, y que incluya a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría.
La demanda complementa la acción popular presentada por la Procuraduría, que busca controlar los precios de los medicamentos e insumos médicos. La demanda de FEDe. Colombia solicita órdenes específicas para reducir el desabastecimiento de medicamentos en el sistema de salud, problema causado por deficiencias financieras y administrativas atribuibles a las entidades públicas requeridas.
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