Las fronteras de las licoreras para comercializar su aguardiente se acabaron con la edición de la Corte Constitucional, que dio el aval para su distribución en todo el país, lo que contribuirá a reducir el contrabando y la falsificación de marcas, así como a aumentar las ventas para estas empresas.
La orden histórica rompe esa facultad que tenían las gobernaciones de prohibir el ingreso de esa bebida alcohólica producida en otros departamentos.
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Sin embargo, de acuerdo con el secretario de Hacienda de Norte de Santander, Sergio Entrena, la decisión no impacta al territorio, porque no hay una licorera, por lo tanto, no existen limitaciones para el ingreso de cualquier aguardiente.
“Las marcas que están aquí es porque han puesto sus ojos en este mercado. Lo único que deben hacer la empresas para ingresar con su producto es cumplir con los procedimientos en la Oficina de Rentas de la secretaría, presentar el producto y hacer los respectivos trámites, a fin de que se les entregue la Estampilla Impoconsumo”, indicó Entrena a La Opinión.
El funcionario precisó que en la región se venden ocho marcas de aguardiente en sus diversas presentaciones, estas son: Antioqueño, Cristal, Bendito, Líder, Amarillo de Manzanares, Júbilo, Real 24 y Costeño.
Entrena precisó que, en 2024, recaudaron en impuestos por licores nacionales más de $20.357 millones y por extranjeros, más de $8.083 millones.
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Los beneficiados
Según la Federación Nacional de Departamentos (FND), el impacto directo recae sobre ocho empresas con marcas de aguardiente: licoreras de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Santander, Tolima y Valle del Cauca. También hay siete regiones que ejercen la actividad a través de terceros: Caquetá, Chocó, Huila, Magdalena, Meta, Nariño y Putumayo.
Una de las compañías que reaccionó fue la Fábrica de Licores de Antioquia, la cual informó que está lista para “conquistar nuevos mercados en Colombia”, recordando que Aguardiente Antioqueño tiene una participación de 56,4% en las ventas nacionales.
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Las rentas generadas irán tanto para el departamento que lo produce como para el que lo vende, por lo que la relación es un ‘gana y gana’.
En 2024, varios gobernadores pidieron a la alta corte conservar el monopolio rentístico, puesto que temían que se generara desempleo, porque muchas licoreras todavía se estaban recuperando de los estragos de la pandemia de COVID-19.
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