¿Se hundirá la última reforma tributaria de Petro? Así podría afectar su bolsillo
La propuesta de reforma fue radicada a pocos días de que se posesione el presidente electo Abelardo de la Espriella. Cambios en los combustibles, conciertos y compras afectarían al bolsillo.
En su último intento por fortalecer las finanzas públicas, el Gobierno presentó una reforma tributaria con la que pretende recaudar $21,9 billones en 2027, mediante una combinación de mayores impuestos al consumo, gravámenes ambientales y cambios que impactarían tanto a empresas como a consumidores.
El documento radicado ante el nuevo Congreso por el ministro de Hacienda, German Ávila, sugiere subir gradualmente el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los combustibles, llevar el IVA del 5% a 19% para licores e implementarlo en las apuestas y juegos de azar en línea y en entradas a conciertos y eventos deportivos.
También aumentar los impuestos al consumo del 16% al 19% a productos de lujo y los de cigarrillos y vapeadores, así como eliminar la exención de IVA a la importación de ‘minimis’ (paquetes importados por los que se pagan aranceles ni impuestos aduaneros), entre otras iniciativas.
Entre los planes de Petro está incrementar el impuesto al carbono hasta $42.000 por tonelada de CO2eq (dióxido de carbono equivalente), que ahora es de $29.070. Según el Gobierno, la tarifa propuesta sería equivalente a US$11,2, “por debajo de la recomendación internacional”.
Para la directora de Tributación del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, Liliana Heredia, desde la perspectiva de los principios constitucionales, es positivo gravar los juegos de suerte y azar operados por internet, pues, confiere mayor equidad al sistema.
“Desde el punto de vista técnico, se pueden destacar de la propuesta la mayor progresividad en el impuesto sobre la renta de personas naturales y el fortalecimiento de los impuestos ambientales”, agregó Heredia.
El profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario, Henry Amorocho, señaló que el proyecto del Gobierno insiste en tocar impuestos que están bajo el recaudo de entidades territoriales, por lo que afectaría las rentas departamentales y municipales.
La propuesta de reforma fue radicada un día después de instalado el nuevo Congreso y a pocos días de que se posesione el presidente electo Abelardo de la Espriella, cuyo gobierno ha hablado de estructurar una propuesta que simplifique el sistema tributario, para combatir la evasión.
Los expertos en tributos y finanzas públicas Liliana Heredia y Henry Amorocho analizaron la propuesta de reforma tributaria./ Foto cortesía
El académico Henry Amorocho aseguró que el proyecto de Petro no solo es extemporáneo e inoportuno, sino con bajas probabilidades de éxito, porque se está radicando a una semana “de la frontera que hay entre la entrega del presidente saliente y el entrante, quienes guardan una distancia altísima” en materia de orientación fiscal y visión económica.
El profesor en finanzas públicas recalcó que el documento recoge exactamente las reformas tributarias y proyectos de impuestos que el Gobierno ha radicado antes y que fueron rechazados por el Congreso o declarados inexequibles por la Corte Constitucional.
Liliana Heredia informó que es difícil anticipar si el Legislativo avalará la propuesta. Sin embargo, resaltó que el contexto político hace que parezca poco probable su aprobación, especialmente, porque iniciativas muy similares no prosperaron en 2024 y 2025.
Además, la investigadora destacó que han manifestado desde el gobierno electo su intención de impulsar su propia reforma tributaria, por lo que, al asumir el poder, probablemente retirará ese proyecto.
Liliana Heredia explicó que de ser aprobada la reforma, se golpearía el bolsillo del ciudadano, porque, al incrementar impuestos que recaen sobre el consumo (como el IVA o el impuesto nacional al consumo – INC-) o gravar bienes o servicios que antes no estaban sujetos, inevitablemente se genera un efecto directo o indirecto sobre el consumidor.
“Por ejemplo, al aumentar el IVA de los combustibles pueden crecer los costos de transporte y de manera indirecta generar subida de precios de bienes y servicios. En el caso del IVA de licores y cigarrillos, el INC a ciertas boletas de conciertos o eventos (las que superen los $500.000) y eliminar la exención de IVA en las importaciones inferiores a US$200 (minimis), el efecto sería más directo”, afirmó la directora de Tributación del Observatorio de la Javeriana.
El analista Henry Amorocho sostuvo que subir las cargas en materia de impuestos como la propiedad, el patrimonio, el IVA a actividades de entretenimiento y vehículos híbridos deja ver una posición netamente fiscalista y oportunista, cuando el país lo que necesita es una reforma estructural del sistema.
De acuerdo con el académico, gravar aún más los combustibles generaría un alza de la inflación, porque es sensible a los precios de bienes y servicios.
Es de recordar que Ejecutivo quiere incrementar el IVA sobre el Ingreso al Productor (IP) en la gasolina y al diésel del 5% al 10% desde el 1 de enero de 2027 y llevarlo a la tarifa general desde el 1 de enero de 2028, gravar al valor general de IVA el alcohol carburante con destino a la mezcla con gasolina y el biocombustible de origen vegetal o animal para uso en motores diésel e imponer un IVA general al margen minorista.
Henry Amorocho dijo que la propuesta ataca totalmente al sector empresarial y productivo y a su competitividad, con un impuesto especial del 1% a la primera venta en la extracción de hidrocarburos y carbón.
“Mientras el nuevo gobierno va sobre la idea de alivianar las cargas de los empresarios, el gobierno Petro hace totalmente lo contrario, lo cual es muy claro cuando uno ve que el impuesto al patrimonio se aplicará a partir de $2,1 billones y con tarifas que van del 0,5% al 5%”, detalló.
La propuesta de reforma pretende reducir la exoneración de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ylas cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, para que solo aplique a los trabajadores que devenguen menos de tres salarios mínimos mensuales.
Actualmente, el 86,9% de los asalariados gana esa proporción; en contraste, se estima que el 1,6% percibe más de 10 mínimos. Según el experto esto generará dificultades a las empresas por la reducción del beneficio de descuentos.
Amorocho agregó que esto representa un costo adicional directo, inmediato sobre la nómina e impacta la caja de las empresas.