La autonomía presupuestal de las autoridades electorales en Latinoamérica enfrenta desafíos por su dependencia del financiamiento gubernamental, es una de las conclusiones que hoy se escuchan, a propósito del debate ocurrido por un intento de recortarle los recursos a la Registraduría para el año entrante.

En su momento se activaron las alertas porque de haber prosperado habrían quedado en riesgo las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, cuya financiación para la organización y estructura logística debe dejarse definida y lista un año antes, como ha ocurrido siempre.

Hay que evaluar y poner en el radar del debate el planteamiento ante Naciones Unidas del registrador Hernán Penagos, para que el presupuesto del organismo electoral sea independiente y derivado de la Constitución.

Tal vez esa pudiera ser una opción valedera para cerrarle el paso a situaciones como la que acaba de ocurrir, en donde desde el Gobierno Nacional se contemplaba una disminución de por lo menos $2.500 millones en las partidas presupuestales para esa entidad el año entrante y al Consejo Electoral en $5798 millones.

Aunque finalmente el asunto fue subsanado y desde el Congreso de la República se anunció que los recursos necesarios para el año entrante quedaban a salvo, aquí se materializa la injerencia de los políticos y del Gobierno sobre unas instituciones tan importantes que ejercen como árbitros de la democracia, como son las electorales.

Es necesario avanzar con urgencia hacia métodos que blinden a la Registraduría Nacional del Estado Civil de ese tipo de ‘presiones’ y de amenazas de desfinanciación como la que acaba de superar, para mantener protegido el derecho a elegir y ser elegido que fue puesto en entredicho.

Un análisis profundo sobre este caso específico es indispensable que se produzca en Colombia para que no se permita ninguna clase de condicionamientos al momento de determinar los recursos económicos y así poder cumplir libremente su mandato constitucional.

Es decir, hay que trabajarse en una reforma electoral que tenga presente mecanismos para superar este escollo que como se está viendo no es solamente un asunto colombiano sino de carácter latinoamericano.

Las gestiones, decisiones y determinaciones legales que se tomen para lograr la transparencia de las elecciones y preservar la pureza del voto son bienvenidas, máxime si se trata de eliminar factores injerencistas de índole gubernamental o político.

Volviendo al pretendido pero afortunadamente sofocado intento de darle tijera a los dineros que le corresponden a la Registraduría, pese a que se ha dicho que todo esto ha quedado superado, no debe olvidarse que en esta ocasión el Presupuesto General de la Nación será adoptado por decreto por el presidente Gustavo Petro, hecho por el cual cobra mayor fuerza la necesidad de una veeduría permanente para que no haya tropiezos.

Es que al quedar gravitando esa inquietud derivada del intento de recorte, es importante lo anunciado por la Misión de Observación Electoral (MOE) de que continuará su seguimiento al proceso de trámite de los recursos presupuestales que impactan las garantías democráticas en el país, porque no puede llegar el país a caer en el extremo de poner en peligro la celebración de los comicios, como estuvo a punto de ocurrir.

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