Miren esta lista: Cauca (6.750 personas), Norte de Santander (4.350), Antioquia (3.350), Nariño (2.500) y Bolívar (2.200).

No se relaciona con nada favorable para dichas regiones entre las cuales se encuentra nuestro departamento. Esto corresponde al desplazamiento forzado durante lo corrido del presente año, como lo indican datos de la Defensoría del Pueblo.

 Esta dinámica de la movilidad humana forzosa nos lleva a insistir en que la violencia representada en la guerra del Catatumbo y los ataques con drones, entre otras acciones guerreristas, terminan impactando a la población civil.

Este hostigamiento, del cual tenemos como crudo recuerdo el masivo desarraigo ocurrido en 2025 cuando estallaron los enfrentamientos entre el frente 33 de la disidencia de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional, es un referente de que el conflicto armado mantiene en la mirilla a los pobladores.

Ahí es donde las acciones del Estado deben avanzar hacia la recuperación del control territorial, que en los municipios del Catatumbo es de carácter urgente.

Esta subregión con influencia de los grupos armados no estatales antes mencionados, al igual que de otros como el Epl que ha reaparecido en Ocaña y de las bandas residuales, necesita de una estrategia dirigida a romper esos dominios.

En algo que siempre se ha venido insistiendo es por ejemplo golpear las fuentes financieras o rentas ilegales que pasan a transformarse en el caudal generador de recursos económicos para mantener el poderío violento.

Viendo solamente la capacidad que han logrado esas estructuras ilegales de contar con unidades especializadas en drones y de poseer un gran arsenal de esos equipos de vuelo autónomo, acondicionados con explosivos, se advierte que para ello cuentan con dinero a raudales.

 Todo ello conduce a que la inteligencia adquiera una gran capacidad tecnológica, operativa y económica para contar con la eficiencia y audacia requeridas en la lucha contra esta clase de organizaciones generadoras de acciones de violencia.

En esa misma dirección tiene que seguirse avanzando en la captura de los principales cabecillas y ponerlos a disposición de la justicia, bien sea colombiana o de otros países que los pidan en extradición para que paguen sus delitos, como sucedió con el Mocho Olmedo del frente 33.

Todo debe desarrollarse desde diversos frentes, uno de ellos el de la institucionalidad con la aplicación de los planes encaminados a la sustitución de los cultivos ilícitos, la generación de proyectos agroindustriales y superar inconvenientes como el de la infraestructura vial para mejorar la conectividad con el departamento y otras regiones del país.

Ahí están los documentos Conpes y demás opciones que se han intentado para que de ahí se tomen algunas alternativas que les sirvan a los habitantes de esta región nortesantandereana. 

Esa búsqueda de salidas desde todas las aristas tiene que incluir la puesta en marcha de la Universidad del Catatumbo, en el entendido que la educación superior es importante para que los jóvenes tengan la opción de labrar su futuro.

No hay que dar el brazo a torcer en todo lo que se haga para restarle poder a la belicosidad y frenar delitos como el secuestro y la extorsión e igualmente contener el desarraigo, el reclutamiento forzado, la desaparición, el homicidio y el confinamiento.

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