Los menores de edad, que deberían estar en unas condiciones acordes para su educación, salud, desarrollo físico y psicoactivo favorables, lejos de la guerra y de los ambientes hostiles, por el contrario, enfrentan dificultades.
Pese a que 196 estados hacen parte de la Convención sobre los Derechos de los Niños, en países como Colombia las condiciones siguen siendo poco favorables, en especial por cuestiones de pobreza, exclusión social, violencia y delitos en su contra.
Tenemos al siempre creciente reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes que los lleva a poner en riesgo su vida, desestabiliza sus opciones de educación, rompe los lazos familiares y destruye la construcción de un futuro.
Ese es, hoy por hoy, el hecho más desestabilizador para esta población que prácticamente se convirtió en objetivo de los grupos armados ilegales que los llevan a formar parte de sus filas como combatientes, auxiliadores o para adelantar otras clases de tareas, que no tienen nada que ver con el aula.
Ahora que el Código de la Infancia y Adolescencia cumplió veinte años de vigencia y que en el mundo se celebró el Día Mundial de la Infancia, hay que insistir en que Colombia carga sobre sus espaldas con el hecho de que cada 22 horas un menor de edad es inducido o tomado por la fuerza para pelear una guerra que no le corresponde.
Al cruzar información con la cruda realidad a la que ellos son sometidos, se advierte el dramático dato revelado por la Unicef: el 43% de los menores de 18 años está en situación de pobreza monetaria, frente al 23,1% de los adultos entre 29 y 59 años.
Ese dato, en la práctica, los convierte altamente vulnerables para ser llevados con ofrecimientos económicos o bajo amenaza a las filas de las estructuras armadas, lo mismo que para quedar expuestos a caer en manos de redes de tráfico de personas, incluyendo la explotación sexual.
Estos episodios se repiten una y otra vez en departamentos como Norte de Santander, lo cual requiere ser tratado con toda la contundencia posible para, entre otras cosas, evitar que pase a convertirse en parte del paisaje.
Pero también los afectan las implicaciones generadas por las hostilidades a la población civil, como es el desplazamiento, que de acuerdo con reportes de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto en Colombia, convierte en víctimas a unos 80 menores de edad, cada día.
Pero no olvidemos lo planteado por el DANE y la FAO, de que apenas la mitad de los niños en primera infancia accede a educación inicial y una proporción similar de adolescentes logra ingresar a décimo y undécimo.
Y, además del hambre y la violencia, un estudio de la Universidad Nacional y el Politécnico Grancolombiano encontró que, por lo menos, el 60% de niñas y niños no cuenta con un parque o espacio adecuado cerca de su vivienda y el 43% juega una hora o menos al día.
Llama la atención que, pese a la existencia de tratados internacionales y de abundante legislación interna e institucionalidad para velar por los derechos de las niñas, niños y adolescentes, la criminalidad siga golpeando con fuerza a quienes son el futuro del país y del mundo.
De todas maneras hay que seguir en la lucha para que se traduzcan en determinaciones de protección la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 y la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, ambas adoptadas un 20 de noviembre.
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