Salirse de los salones cerrados del Concejo y de los muros de la Alcaldía de Cúcuta y llevar el caso del endeudamiento a un debate ciudadano, sería la mejor opción para que concertadamente se defina algo tan importante para la salud financiera del municipio.
Y es que unas arcas locales vigorosas interesan a todos los habitantes. Por eso es necesario despejar todas la dudas y precisar muy bien cómo se va hacer para atender el servicio de ese nuevo cupo de endeudamiento, por ejemplo.
En ese sentido resultaría del mayor interés acudir a las vías de la concertación, abriendo para ello una especie de mesa a la cual sean invitados los dirigentes empresariales locales, representantes de las juntas comunales, la banca, los congresistas, diputados y concejales.
Ahí, en una deliberación abierta, la Secretaría de Hacienda y el equipo económico de la administración junto con el grupo de asesores, deben ‘pasar al tablero’ con todos los documentos, sustentos y análisis económicos, que fundamenten el empréstito y sobre todo, saber cómo se pagará y cuánto nos costará.
Pero también es indudable conocer la pertinencia de llevar al municipio a endeudarse por la suma señalada en $287.000 millones. ¿Es necesario acudir a un empréstito de estos? ¿No hay una ruta mejor que esa?
Entre mayor claridad se haga en torno a esta clase de opciones, mejor saldrán las cosas, porque aunque en la administración pública el balance social es una de las mediciones de los gobernantes, ese asunto de ir a la banca a buscar dinero prestado, requiere de un manejo cuidadoso, por los efectos que pueda acarrear.
Se le escuchó decir a un concejal que “la Alcaldía está en capacidad de asumir ese cupo de endeudamiento”, pero eso no es suficiente, puesto que hay que demostrarlo, no solo por el hoy, sino por el mañana.
¿Cuánto serán los intereses? ¿A cuánto tiempo? ¿Cuál será la cuota mensual? ¿Qué recursos se van a comprometer como garantía para los bancos que vayan a conceder el empréstito?
Este último punto es de la mayor importancia conocerlo, aunque ya por ejemplo la secretaria Hacienda, María Eugenia Navarro, aseguró que se cuenta con el aval de la calificadora de riesgo, con una solvencia del 43% sobre un indicador del 60% y una sostenibilidad sobre el 79% con un indicador del 100.
Para la tranquilidad de todos, sería de lo mejor hacer ese ejercicio de un análisis en un foro con los especialistas para que la administración municipal haga formalmente la presentación de la iniciativa y se haga esa deliberación sobre los pro y los contra, porque de acuerdo con lo que se sabe el tiempo de amortización ira a diez años.
Es decir, las próximas dos administraciones locales llegarán con la obligación de solventar ese crédito, en un hecho que también merece precisión en cuanto al impacto que eso provocará en la futura capacidad de endeudamiento. ¿Habrá una proyección de las condiciones económicas? ¿Se tiene una progresión elaborada sobre la forma en que se podría ir cumpliendo con el empréstito?
Por razones de precisión y de socialización, también es bueno que los responsables del impuesto predial tengan la claridad suficiente de que sobre sus hombros no descansará la responsabilidad de este préstamo, y por eso la insistencia en que la deliberación debe de ser amplia y con activa participación ciudadana.
Sabemos que municipios como Cúcuta, con escasos presupuestos y miles de necesidades, requiere acudir a las diversas fuentes de recursos para cumplir el Plan de Desarrollo y las obras previstas, y en el caso de acudir a los créditos, los pies de plomo y el estricto cumplimiento de los parámetros para evitar complicaciones, debe ser la única opción.
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