El cuidado del bolsillo de los cucuteños es uno de los pilares fundamentales sobre los que descansa el recién creado Comité por la Defensa de los Consumidores, por parte de la Alcaldía.

Para que su actividad tenga efectos duraderos y no se quede solo en la solución  puntual de los problemas denunciados, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Personería Municipal y la Defensoría del Pueblo deberían darle su apoyo y constante acompañamiento.

Para que este tipo de mecanismos perduren en cuanto a la credibilidad ciudadana, es necesario que se logren resultados contundentes en cuanto a la corrección definitiva de las fallas que dan origen a las fallas en aspectos puntuales como el de los servicios públicos.

La Opinión, en un informe sobre aspectos que trasnochan a los habitantes de la ciudad, se habla por ejemplo del cambio de medidores.

La Superservicios debería tomar para sí las denuncias que en ese aspecto presentaron los usuarios ante el organismo en las brigadas adelantadas con el acompañamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio.

La ciudadanía necesita que haya una claridad sobre un aspecto puntual como ese. Porque no es de ahora sino desde tiempo atrás que se escuchan reclamos relacionados con los medidores, porque los usuarios del acueducto tienen sus propias consideraciones contra esta práctica que ellos dicen les afecta económicamente.

Por ejemplo, debería la Superintendencia de Servicios Públicos, junto con la Secretaría de Gobierno Municipal, organizar en la ciudad una especie de mesa relacionada con las normas que regulan todo lo relacionado con los reguladores del agua, el tiempo para el cambio de los mismos y los motivos que pueden impulsar a las empresas a hacerlos y las protecciones que tienen los usuarios para que se eviten abusos con este procedimiento.

En ese sentido es necesaria la claridad para lograr la rigurosidad en la aplicación de la normatividad para que la ciudadanía sepa a qué atenerse, realmente, y que los usuarios tengan un canal mediante el cual puedan defenderse.

Se leyó también en el reporte dado a conocer el hecho de que el servicio de energía le sigue generando dificultades al presupuesto familiar por los altos costos en la prestación del mismo.

Qué esperan entonces el Ministerio de Minas, la CREG y la misma EPM para que vengan a ver qué es lo que está ocurriendo en la ciudad y en Norte  de Santander en ese campo de las tarifas, porque es un aspecto altamente sensible para los usuarios.

Los datos están servidos en las 600 quejas que por ejemplo fueron interpuestas en febrero de este  año y en las tantas otras que se han venido escuchando desde otros tiempos, para que sean desmenuzadas, analizadas y atendidas con la solución puntual, pero con la revisión de los elementos que han venido provocando estos inconvenientes.

Lo importante de todo esto es que haya la reacción eficaz del Estado para enmendar las situaciones y ponerle fin a los recurrentes hechos que generan situaciones que persisten porque no hay la suficiente voluntad política para defender con toda la institucionalidad los derechos de los consumidores.

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