A las peores condiciones ha descendido el sistema carcelario en Colombia, donde de nada han valido las declaratorias de emergencia para enfrentar la aguda crisis que afecta a prisiones como la de Cúcuta, donde se frustró un plan de fuga.

Resulta que la ciudad y el área metropolitana estuvieron a punto de ser escenario de la escapatoria de un gran número de miembros de las bandas criminales que incurren en los delitos de sicariato, extorsión y microtráfico.

Además, lo sucedido en la Modelo, La Picota y el Buen Pastor, en las que se encontraron armas, teléfonos celulares y drogas ilegales, confirma que siguen siendo lugares desde los que se irradia la extorsión que hoy por hoy es uno de los delitos que más afecta a los colombianos.

Operaciones como estas ratifican la consideración de que a las organizaciones criminales no hay muros, alambradas o rejas que les obstruyan su accionar en el mundo delincuencial y que sus miembros desde las celdas continúan ejerciendo poder sobre sus estructuras para seguir cometiendo toda clase de fechorías.

Aunque esto también es un indicador de que la corrupción se volvió la mejor aliada de los detenidos para lograrse saltar todas las normas y hacer de las suyas sin temor a ser descubiertos mientras convierten las cárceles en lugares de descanso y en ‘oficinas del crimen’.

Dentro de ese escabroso y complejo panorama que muestra un alto poder del dinero, las armas y la intimidación, quedan en el medio las víctimas de los delitos que desde las celdas se siguen cometiendo, al igual que los funcionarios del Inpec, tanto directores y guardianes que no se someten a ese yugo y quienes por tal razón terminan siendo declarados como enemigos.

Al reciente asesinato del director de La Modelo en Bogotá, al igual que de un dragoneante del Inpec adscrito a la cárcel de Cúcuta, se siguen sumando hechos que le notifican al Ministerio de Justicia que la situación está escalando y amenaza con convertirse en inmanejable.

Por ejemplo, en el caso del penal que funciona en la capital de Norte de Santander, en el que hay una polémica por el retiro del esquema de seguridad al director, al tiempo que once funcionarios han pedido traslado para otras partes del país, ante las amenazas de muerte proferidas en su contra por diversas bandas criminales.

No más este caso concreto de Cúcuta debería mover al ministro Néstor Osuna y a las directivas del Inpec a ponerle ‘extraordinaria’ atención y a tomar medidas especiales para evitar más atentados contra la vida y a resolver problemas como el hacinamiento y que los presos estén haciendo de las suyas, afectando la seguridad del área metropolitana.

Aquí resulta importante preguntarle al Inpec ¿cómo va el cumplimiento de la orden presidencial de instaurar un régimen permanente de aislamiento de los miembros de organizaciones criminales que sigan delinquiendo desde las celdas?

Además, así como el ministro Osuna anunció que ya se encuentra en proceso la construcción pabellones con condiciones especiales de seguridad en Girón y Valledupar, un proyecto semejante debería ser contemplado para la cárcel Modelo cucuteña que debido a las condiciones de inseguridad de la región también requiere un refuerzo de esta naturaleza en el aspecto penitenciario por la cada vez más alta peligrosidad de los detenidos.

Como en muchos otros aspectos, la misma localización en la frontera y, ahora, la presencia de organizaciones del multicrimen transnacional hacen indispensable que haya un reforzamiento y se cuente con una zona de alta seguridad, puesto que lamentablemente desde las cárceles se emite una alta carga de inseguridad en la zona.

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