Una de las cuestiones que en ciudades como Cúcuta es combustible de la delincuencia, tiene que ver con el microtráfico, que nosotros sabemos muy bien todo lo que genera en la sociedad y en esta zona fronteriza.

La mayoría de las bandas criminales que campean en la ciudad y el área metropolitana tienen en el tráfico ilegal de estupefacientes al menudeo su fuente central de ingresos económicos.

Y en medio de todo esto quedan los ciudadanos expuestos a la extorsión, el robo, el homicidio y las amenazas de instrumentalización por parte de esas estructuras delincuenciales.

En un reporte de la Fundación Pares  señala precisamente que “bandas locales como La Familia P, Los Mexicanos y Los Turcos, que disputan el control del microtráfico y han incidido directamente en el aumento del sicariato”.

Es que la magnitud de la presión e intentos de control en barrios y comunas lleva a poner en peligro los liderazgos sociales y comunales al ser considerados factores que afectan su negocio ilícito por oponerse a que la venta de sustancias psicoactivas.

Precisamente, existe una regulación emitida por la administración municipal que restringe el expendio y consumo de marihuana, cocaína, basuco, heroína y otras, en parques y zonas aledañas a los establecimientos educativos.

Esas prevenciones son adecuadas, pero la ciudadanía espera que las famosas ollas y áreas conocidas por todos donde se concentran los sitios en que se  comercializan, sean desmanteladas definitivamente.

Desbaratar esos lugares y judicializar a los miembros de las  estructuras criminales que los manejan, sin duda alguna ayudará a quitar una pesada carga generadora de inseguridad ciudadana.

Es que detrás de ese delito alrededor del  cual se mueve una gran economía ilegal, van conexas otras acciones que  afectan a la ciudad, como son las vacunas  o exigencias de dinero a negocios y personas, lo mismo que crecen las posibilidades de ser víctimas del homicidio y otros hechos.

Dentro de una estrategia que contemple  una lucha sin tregua hasta cerrar los lugares de venta, es obviamente indispensable  alcanzar la desactivación del conflicto armado en el Catatumbo, porque su influencia se ha vuelto evidente en ese intento de urbanizar esa clase de violencia.

Dentro del plan que busque más resultados concretos, debe entrar a fortalecerse el aspecto de manejo de salud a la drogadicción y la resocialización y recuperación de los habitantes de calle de la región, porque no olvidemos que  ellos corren el riesgo de caer en las redes del narcomenudeo.

Entonces hay que mezclar el accionar punitivo y policiaco con las operaciones sociales, sanitarias y económicas para atacar las diferentes aristas de la drogadicción, que incluya todas las fases de la cadena, hasta el consumidor final.

Considerar lo anterior, sumándolo a la renovación urbanística y al cambio de  uso de ciertas áreas en donde sean desmontados los centros ilegales de expendio, con el fin de dar paso a un parque, una zona de teatro o una huerta comunitaria, etcétera, que sirvan para toda la comunidad como sitios de encuentro.

Hay mucho por hacer. Las drogas en las calles no nos pueden ganar la batalla. La unidad comunitaria es también muy necesaria.

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