Una pregunta que se ha vuelto recurrente cada que hay cambio en la Procuraduría General de la Nación es si habrá independencia frente al poder presidencial o si hay riesgos de que llegue a convertirse en una herramienta para castigar a los opositores.

Este interrogante se le ha hecho hasta la saciedad a Gregorio Eljach, quien siempre, también, ha asegurado que de ese riesgo no debe preocuparse el país porque aunque fue el candidato nominado en la terna por el presidente Gustavo Petro, recibió una votación variopinta desde el punto de vista político, en el Senado de la República.

Lo cierto es que los colombianos deberán esperar hasta la posesión del reemplazo de la procuradora Margarita Cabello, para saber realmente cómo irá a ser la manera de actuar de Eljach, si ajustada como dice, “a las normas que rigen el comportamiento del servidor público procurador” o se deja tentar por las posibles señales o guiños que le hagan desde la Casa de Nariño.

En ese sentido le corresponde al jefe de Estado preservar la independencia de poderes y el respeto de las instituciones sin influir de ninguna manera, para bien o para mal, a favor o en contra de nadie ni para perseguir o favorecer, porque eso desdibuja la filosofía del Ministerio Público.

Sobre el tapete siempre se ha puesto la alternativa de eliminar del andamiaje a la Procuraduría por diversas razones, asunto que ha vuelto a exponerse por quienes insisten en que sería mejor acabarla, frente a  aquellos que plantean una reestructuración para que sus funciones sean fortalecidas.

Debe plantearse, por ejemplo, un amplio debate serio, técnico, informado y con participación de la sociedad en general, las cortes, el Congreso, los gremios y la academia con el propósito de hacerle una reforma  a la Procuraduría que llene las expectativas de la ciudadanía.

El combate  efectivo contra la corrupción debería ser uno de los ejes centrales de la entidad encargada de las acciones disciplinarias, con el propósito de que se convirtiera como en una especie de pilar para enfrentar este mal que anualmente se lleva hasta cincuenta billones de pesos.

Emprender esa labor requeriría simplemente aplicar con todo su rigor las medidas que contempla el Código Único Disciplinario  y que haga una estrecha alianza con la Fiscalía General de la Nación para cuidar cada peso del erario y castigar ejemplarmenente a quienes desde los sectores público y privado incurren en este delito.

El mismo procurador electo, Gregorio Eljach, ha hablado de que a la “Procuraduría hay que repotenciarla” y dentro de lo que planea se encuentra  lo que el llama “la prevención de la corrupción”, que encaja perfectamente dentro de una acción más contundente, que de lograrse sería un triunfo para Colombia.

En ese sentido es indispensable un compromiso público real, sin necesidad de esculpirlo en mármol -porque ya ni así se cumplen ciertas promesas- para que dentro de los cambios que se  planean hacerle a este organismo de control se aproveche para que tenga ‘dientes’ y una ágil competencia para empezar a desvertebrar este costoso mal que causa millonarios daños económicos morales, el cual se encuentra enquistado en el Estado.

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