Al año se roban $115.766 millones en energía eléctrica, en Norte de Santander, fue la reciente denuncia que se dio a conocer en el departamento.
Viendo otros departamentos, la prensa regional señala que por ejemplo en el Atlántico, La Guajira y Magdalena fueron capturadas 106 personas, en el primer semestre de 2026, por el robo de electricidad en diversas modalidades, que afectan a la empresa Air-e.
El año pasado, de acuerdo con cifras de Enel Colombia (que presta el servicio en Bogotá y Cundinamarca) se registraron más de 28.290 casos de hurto eléctrico, de los cuales 1.080 correspondieron a robo en red y materiales, mientras que 27.210 estuvieron relacionados con conexiones directas no autorizadas.
El anterior contexto nos muestra que se trata de un mal extendido por el país y un marcador impactante sobre los mismos datos del balance, como consecuencia del accionar ilegal de numerosos usuarios.
Recordemos que el Código Penal, en su artículo 256 señala: “el que mediante cualquier mecanismo clandestino o alterando los sistemas de control o aparatos contadores, se apropie de energía eléctrica, agua o gas natural o señal de telecomunicaciones, en perjuicio ajeno, incurrirá en prisión (...)”.
Anotemos que aunque hay unas acciones punitivas y de sanciones económicas contra incurran en esa clase de hechos ilegales que afectan la misma calidad de los servicios públicos, el problema persiste.
Y lo que es peor, la misma incidencia de delitos contra el medioambiente y la biodiversidad y la extracción de recursos no renovables, como la minería ilegal también se encuentran altamente conectados con el robo de electricidad.
Esperemos que las pérdidas tan delicadas dadas a conocer por Centrales Eléctricas de Norte de Santander se le ponga freno a esa actividad de abrir y explotar minas sin ninguna regulación, especialmente por parte de organizaciones al margen de la ley.
Pero igualmente causa preocupación que en Cúcuta haya una alta ocurrencia de robo de electricidad con 1.032 conexiones irregulares detectadas durante el presente año.
¿Y cómo estará el subregistro? Ahí queda un elemento por indagar, como sucede en otros aspectos que resultan difíciles de medir acertadamente por falta de denuncias, por ejemplo.
Al mismo tiempo, sería necesario emprender campañas y acciones contundentes para impactar de manera favorable el indicador de pérdidas, según el cual de cada 100 unidades de energía que distribuye la empresa, casi 15 se pierden por efecto de las conexiones ilegales.
Esta clase de hurto mediante distintas modalidades, que no solamente se concentra entre los usuarios residenciales sino que en los sectores comercial e industrial (que incluyen casos en autolavados, restaurantes, hoteles y moteles, entre otros) representan los bloques de energía más grandes y los que generan mayores pérdidas.
Lo cierto es que debe hacerse algo urgente para congelar y comenzar a disminuir el indicador de pérdidas de energía equivalente a aproximadamente 331 gigavatios anuales que, mal contados, multiplicados por un precio de $349.39,51 (costo de generación) por vatio, son $115.766 millones al año, como lo precisa la misma empresa.
Es que si una situación como esa no empieza a contenerse, puede llegar el momento en que sus efectos empiecen a incidir negativamente tanto en materia de prestación del servicio, cobertura, calidad y tarifas.
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