Este día no solo representa un llamado a la acción para abordar las desigualdades que persisten, sino que también celebra los logros y avances hacia un futuro más equitativo y justo para las niñas en todo el mundo. Así lo planteó la Organización de Naciones Unidas, con ocasión del Día Internacional de la Niña, el pasado 11 de octubre.
Justo cuando se conmemoró esa fecha, que en esta oportunidad tuvo como lema: ¡Acabemos con el matrimonio infantil! ¡Invirtamos en los derechos de las niñas!, se conoció un asunto que las agobia en Colombia y Norte de Santander que es el del embarazo infantil forzado, producto de la violencia sexual.
Ahí se oculta un verdadero monstruo que aparte de los traumas psicológicos y físicos en los cuales quedan entrampadas por haber sufrido el ultraje sexual, simultáneamente les rompe la opción de terminar normalmente la etapa infantil y las lanza súbitamente a la adultez prematura para convertirse en madres.
En Norte de Santander se reportaron 125 casos de embarazo infantil forzado el año pasado, ubicándolo entre los diez departamentos con mayor número de registros del país, tal y como se expuso en un trabajo periodístico de La Opinión.
No puede ser posible que hasta en esto nuestra región figure en los primeros lugares, situación que realmente nos debe llenar de preocupación a todos, por el deterioro que situaciones como esas generan en las menores.
Y volviendo a ese panorama, a la región y al país les compete avanzar en el planteamiento expuesto por la ONU, sobre la urgencia de que la humanidad adopte medidas urgentes para que todas las niñas puedan estudiar, vivir libres de violencia y decidir sobre su vida profesional y familiar.
Esa recomendación encaja perfectamente en Colombia y en territorio nortesantandereano, porque aquí son abundantes los peligrosos obstáculos que se alzan en el camino de las menores de edad.
Las reclutan forzadamente para hacer parte de los grupos armados ilegales. Las redes de trata de personas las tienen en la mira para la explotación sexual. Los violadores van tras ellas. La violencia y el trabajo forzado, igualmente, las persigue.
Para el caso concreto del embarazo infantil forzado es urgente que en Norte de Santander las autoridades tomen nota -pero no solo eso- sino que actúen de inmediato sobre el siguiente planteamiento de Christian Medina López, vicepresidente programático de la Fundación Plan Internacional:
“Necesitamos identificar en qué municipios se concentran los casos, qué características comparten, qué está ocurriendo alrededor de las niñas y dónde se están debilitando las redes de protección”.
Además, la igualdad de oportunidades no debe ser solamente una declaración de principios, sino un compromiso que se traduzca en políticas públicas, educación de calidad, acceso a la salud y entornos seguros, libres de violencia y discriminación.
Nuestras niñas en campos y ciudades es necesario ponerlas a salvo de esa cantidad de ‘depredadores’ que las tienen en la mira y la sociedad debe hacer un compromiso concreto con acciones definidas para invertir en los derechos de las menores y adolescentes.
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