La aterradora escena que quedó grabada en video sobre la sangre fría con la que actúa el sicario que asesinó al abogado y veedor ciudadano Jaime Vásquez, abre el debate sobre las reales garantías así como la debida y oportuna protección que el gobierno debe brindarles a los líderes sociales.

El repudiable crimen ocurrió justo cuando se cumplía el primer aniversario de la muerte violenta de la lideresa ambiental de San Cayetano, Diana Carolina Rodríguez Madrigal. Y mientras las autoridades judiciales y policiales adelantan las labores investigativas para llevar a los estrados a los responsables del homicidio de Vásquez, quien venía exponiendo presuntos casos de corrupción, es oportuno el planteamiento de Andrés Idárraga Franco, secretario de Transparencia de la Presidencia, de acelerar la discusión y aprobación del proyecto de ley Jorge Enrique Pizano.

Se trata de una iniciativa que se encuentra en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, y que busca darles protección a los veedores y periodistas que denuncian hechos de corrupción en Colombia.

Todo lo que se haga para que quienes desde las comunidades y los medios investiguen y destapen ollas podridas con los recursos del erario o maniobras para favorecimientos con la contratación pública, entre otros, cuenten con la protección adecuada.

En el proyecto se estipula la creación del “Sistema unificado de protección a reportantes/denunciantes de actos de corrupción”, y así garantizar el derecho a la vida, integridad y seguridad personal de quienes hacen las denuncias y de su núcleo familiar. Ahí, entonces, tienen una tarea los congresistas de la República para que legislen hacia la estructuración de un sistema en el que todo deje de estar hecho para proteger a los corruptos y pasar a darles apoyo a los denunciantes de hechos de corruptela.

Dicho mecanismo, que esperemos no vaya a dormir el sueño de los justos, sería de cuatro tipos, de acuerdo con la iniciativa: en situación de extrema urgencia.

Protección laboral. Protección a la vida y seguridad personal. Protección especial a periodistas. Mientras se espera que exista la suficiente voluntad política de nuestros honorables padres de la patria para darle luz verde al proyecto, con el asesinato del abogado y veedor Jaime Vásquez ya suman 43 líderes sociales muertos de manera violenta en Colombia, en lo que va corrido del presente año, según el dato que maneja el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz.

Indepaz también relacionó que en Cúcuta, en 2024, junto con el aleve ataque en que perdió la vida Vásquez, en enero fue muerto a balazos el dirigente comunal Geovanny Luna Cárdenas. Tengamos en cuenta que esto ha ocurrido en una ciudad donde la incontenible inseguridad, en una masacre y en otros sucesos se cobró la vida de nueve personas de forma violenta, en menos de 24 horas.

Una ardua labor les esperan a los cuerpos investigativos para esclarecer lo ocurrido, a la Unidad Nacional de Protección para ofrecer los esquemas adecuados a quienes los requieran y a la Policía, al Ejército y a la Alcaldía para un combate efectivo contra el crimen, teniendo en cuenta que la ciudad y el área metropolitana ahora conforman la zona más violenta e insegura de Norte de Santander por efecto de las bandas transnacionales del crimen.

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