La agresión, amenaza, estigmatización o restricción a la labor sanitaria, que forma parte de la Misión Médica es atacar la vida misma y constituye una violación grave a las normas del Derecho Internacional Humanitario, la Constitución Política y los tratados internacionales suscritos por Colombia.

Empezamos así porque en la degradación de los hechos violentos en el Catatumbo ocasionan que hasta los grupos armados, en una clara muestra de deshumanización, someten a requisas  y retención a las ambulancias.

Todo un peligro se oculta detrás de esa maniobra con clara tendencia de control territorial, porque la salud del herido que sea trasladado puede empeorarse o estar expuesto a morir violentamente si lo consideran un potencial enemigo o algo también peor, que el atacante intente usar el vehículo para cometer hechos delincuenciales.

Un informe del Sistema de Vigilancia de Ataques contra la Atención Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud, incluye cifras de la Defensoría del Pueblo con un registro de 325 agresiones contra la misión médica entre enero y octubre del año pasado.

Todas las de perder la sigue llevando la población civil como lo plantearon en Cúcuta varios alcaldes de la subregión y defensores de los derechos humanos, al dar a conocer situaciones puntuales como la relacionada con la amenaza a la misión médica en diversos punto de Tibú, entre otros sectores donde hacen presencia el Eln y la disidencia de las Farc.

Pero, además, los niños, niñas y adolescentes sufren complicaciones para acudir a las aulas por la presencia de campos minados en las áreas escolares, lo cual requiere que se ponga en ejecución una labor de desminado humanitario.

El derecho a la educación se encuentra entonces en serio riesgo puesto que los menores con el peligro que representa las minas antipersonal dejadas por los combatientes, padecen lo horrores de la guerra que mediante diversas trampas busca sacarlos forzosamente de las aulas.

Como si fuera una novela inacabable, hay que agregarle el capítulo de las amenazas a directivos y docentes en zonas rurales de El Carmen, por ejemplo, que viene a significar algo igualmente preocupante, como es la deserción forzada, porque de llegarse a profundizar el problema, llegará el instante que las escuelas queden vacías porque no hay quien dicte clases.

Esa es otra manera de hostilidad contra los pobladores del Catatumbo, quienes desde enero del año pasado padecen los efectos de la guerra entre grupos armados ilegales que luchan por el control de esa subregión del departamento.

Al leerse el conflicto desde la laceración que provoca entre la población civil a la cual le  perturba completamente la vida diaria, que en este sentido ocurre en El Tarra,  donde los ataques con drones se tomaron el casco urbano del municipio.

¿Hasta cuándo se tendrán que seguir documentando esta clase de acciones violentas en este territorio? 

La pregunta queda ahí, con unas cifras que dimensionan la intensidad del conflicto armado. En Norte de Santander, entre 2021 y 2025 ocurrieron 4.340 homicidios de los cuales  un total de 1.096 se concentraron en el  Catatumbo.

Esos números, dados a conocer por el Consejo Departamental de Paz, Enrique Pertuz, simbolizan la lamentable condición de vulnerabilidad en que se encuentra el derecho a la vida en esta parte del país en donde confluyen organizaciones guerrilleras, disidencias, bandas criminales, los narcotraficantes, lavadores de activos,  contrabandistas, traficantes de armas y grupos de trata de personas.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .