Medicina Legal reportó que el año pasado en Norte de Santander ocurrieron 86 casos de suicidios, de los cuales 64 fueron de hombres y 22 de mujeres. Estos datos deberían no solo causar escozor sino realmente servir para insistirles a las autoridades que la salud mental es una cuestión de primer orden.

Es de tal magnitud, que si nos vamos a las estadísticas de 2021 encontramos un total de 101 hechos de esta naturaleza en el departamento, lo cual implica entonces que andamos muy mal, y que son muchas las acciones pendientes por hacer para que el suicidio se aleje como una opción final.

Con esto en mente, lo recomendable es que los organismos regionales de salud en coordinación con el ministerio del ramo, entidades privadas y organizaciones sin ánimo de lucro, en conjunto con el sector educativo, profundicen en los esquemas de prevención, control y atención de la población, en lo relacionado con la salud mental.

En un informe de La Opinión, la Secretaría de Salud de Cúcuta reportó durante el 2022, al menos 670 llamadas a la línea amiga de salud mental, 2.745 casos de seguimiento epidemiológico reportados por diferentes Institutos Prestadores de Salud (IPS) de la ciudad frente a casos de ansiedad, depresión y consumo de sustancias psicoactivas y 60 visitas a Entidades Prestadoras de Salud (EPS) públicas para el manejo de eventos relacionados con salud mental.

Este argumento sirve entonces para que se hiciera algo más allá de esperar a que sea que la gente quien salga en busca de ayuda y apoyo, porque podríamos estar ante asuntos de un subregistro, porque surge el interrogante de cuántos estarán padeciendo en silencio y acumulando una serie de factores que los puedan conducir a cometer intentos suicidas o irse al alcohol y las drogas como mecanismo de salida al problema que los ha estado agobiando.

Mucha gente ni siquiera conoce o sabe a dónde acudir y optan por buscar consejos entre los amigos, porque algunos incluso no les tienen confianza a sus familiares y eso degenera en situaciones peores.

Debemos recordar lo expuesto por la Organización Mundial de la Salud que maneja cifras de hasta casi mil millones de personas –entre ellas un 14% de los adolescentes de todo el mundo– que se encuentran afectados por un trastorno mental. 

Los suicidios, advierte el organismo, representan más de una de cada 100 muertes y el 58% de ellos han ocurrido antes de los 50 años de edad.

Reforzar esta área de la salud en nuestro departamento con mayores recursos económicos, profesionales y programas que cubran colegios, universidades y los barrios, con brigadas especiales, sería una opción para levantar una especie de caracterización sobre la condición que en ese aspecto tienen los  nortesantanderanos.

Este tipo de consultas preventivas para  establecer diagnósticos ayudarían a planearse programas contra la depresión o la ansiedad o cualquier otra clase de síntomas que estén por ahí escondidos acechando a la población, producto de problemas económicos, familiares, sociales o adictivos.

La OMS ha afirmado que “los vínculos indisolubles entre la salud mental y la salud pública, los derechos humanos y el desarrollo socioeconómico significan que transformar las políticas y prácticas con respecto a la salud mental puede arrojar beneficios reales y considerables para las personas, las comunidades y los países de todo el mundo”.

Lo anterior significa que invertir en salud mental es trabajar para la consolidación de una vida y un futuro mejor para todos.

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