Ningún lugar en el mundo es inmune a la trata de personas, que consiste en vender, comprar y comercializar a las personas como si se tratase de objetos. Las víctimas de trata lo son por engaños, coerción o secuestro.

Así lo ha advertido la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), en una perfecta descripción que confirma la presencia de ese riesgo en cualquier vereda, calle, celular o computadora.

Como lo señala el informe periodístico en la edición dominical de La Opinión sobre este delito, ratifica que Norte de Santander y el área metropolitana de Cúcuta no escapan a ninguna de las modalidades utilizadas por las organizaciones criminales que se lucran de este inhumano tráfico.

Los niños y adolescentes del Catatumbo van a la escuela con el riesgo del reclutamiento forzado para ir a pelear como combatientes del Eln o la disidencia de las Farc. Pero en Cúcuta y otros municipios las personas adultas que han prestado servicio militar caen en ofertas engañosas y terminan en guerras como las que libran Ucrania y Rusia.

Y las niñas y mujeres, tanto de la región como migrantes, están en la mira de exploradores sexuales tanto aquí como en el exterior, para prácticamente esclavizarlas.

El conflicto armado, el desempleo, la informalidad laboral, la desigualdad, la falta de oportunidades, la pobreza y bajas remuneraciones son en Colombia los componentes de ese caldo de cultivo que ayuda a alimentar la trata de personas con diferentes pretensiones por parte de los perpetradores.

Esa complejidad de situaciones que favorecen la actuación de los traficantes de personas debería tenerse presente dentro de los planes de lucha definidos y por establecer.

Tendría que trabajarse de manera transversal para que desde toda la institucionalidad estatal y con el apoyo del sector privado se desarrolle la política pública efectiva contra el citado mal que a toda hora anda tras el ser humano para someterlo violando sus derechos fundamentales.

Se nota, entonces, que por ejemplo hay necesidad de apoyar con opciones reales a muchos militares retirados, en aspectos de educación y empleo, para mejorar sus condiciones y las de sus familias, para ponerlos a salvó de los reclutadores de mercenarios.

Y a las mujeres es igualmente indispensable ofrecerles protección real y las posibilidades  de tener un acceso fácil al mercado laboral para que de esta manera tengan un escudo adicional que les evite caer en las manos de esas redes que las deslumbran con fabulosos salarios.

Además, los desplazados y los migrantes, que se convierten en un grupo vulnerable, es requerido que los gobiernos, nacional y locales los tenga muy presentes, puesto que ellos corren alto riesgo de ser víctimas  de la trata de personas.

En otras palabras, el Estado social de derecho debe de funcionar en toda su capacidad como lo determina la Constitución de 1991 para cubrir a todos los colombianos.

Es decir, el mejoramiento de las condiciones sociales y económicas, sumadas a las acciones ofensivas y de control de la Fuerza Pública para la recuperación de la seguridad y las medidas para hacer respetar los derechos humanos y la urgente concienciación contra esa clase de hechos, resulta siendo la mejor fórmula que se pueda aplicar a fin de contener, reducir y empezar a reducir este flagelo esclavizador.

Lo único cierto de todo esto es que con quienes cometen el delito deshumanizante de la trata de personas no hay trato.

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