La designación por parte del Gobierno nacional de 18 temibles excomandantes paramilitares como gestores de paz ha desatado críticas, dudas y repudio desde todas las orillas, puesto que se le compara más con una opción hacia la ‘impunidad total’, en un juego de palabras con la ‘Paz Total’.

Se trata de una figura que genera gran controversia, máxime ahora que cubre a Mancuso, Jorge 40 o don Berna que estuvieron al frente de escuadrones de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia que sembraron terror y muerte en gran parte del país, como fue el caso del Bloque Catatumbo, en Norte de Santander, y el Frente Fronteras, en Cúcuta.

Frente a Mancuso, la Corte Suprema le propinó un revés a la decisión gubernamental al negarle la libertad, porque según el alto tribunal, al analizar el alcance de la paz en relación con la justicia y los derechos de las víctimas, “se advierte la falta de proporcionalidad de la medida pretendida por el Gobierno Nacional”.

Aunque la resolución precisa que al asumir ese papel no tendrán modificaciones a su “situación jurídica, ni las medidas de aseguramiento vigentes, o su régimen de libertad, ni conlleva beneficios judiciales”, subsiste el temor de que resulte siendo todo lo contrario.

Es de tal magnitud la incredulidad frente a esa figura, que algunos afirman que si el capo del narcotráfico Pablo Escobar estuviera vivo sería gestor de paz y otros argumentaron que lo hecho por el presidente con los citados excabecillas es una burla a Colombia.

Para probar que no es así, el Gobierno deberá responderle con hechos al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) que lo ha conminado a que los citados gestores de paz cumplan determinados requisitos para dejar de invisibilizar a las víctimas del conflicto armado.

Que estos exjefes paramilitares aporten toda la verdad sobre su relación con otros sectores armados y financiadores, es el primer pedido del Movice para que se demuestre que realmente no hay cartas escondidas que favorezcan a los exjefes paramilitares cobijados por la medida especial.

Que se garantice justicia no solo para los perpetradores directos, sino también para quienes los financiaron, es el segundo reto lanzado por la organización y que de cumplirse llevaría a determinar la transparencia del cuestionado procedimiento, que no es visto con buenos ojos en medio del recrudecimiento de la violencia en el país y porque se le considera como un factor generador de impunidad.

El tercer punto se refiere a que los actos de perdón de estos exjefes vayan más allá de las palabras, aportando información significativa para la sociedad y las víctimas, es el otro punto planteado por los representantes de quienes padecieron en carne propia la arremetida de esos grupos.

Se trata de unos puntos concretos y muy importantes sobre los que deberían trabajar los convocados para ser gestores de paz y de esa manera ayudar a cerrar un horroroso capítulo de la historia reciente del país.

Aspectos así, concretos y realizables, son sobre los que debería girar la estrategia del presidente Gustavo Petro, obligando a quienes designó a cumplir, al menos, con el esclarecimiento de esos tres puntos reseñados, sin dilaciones ni excusa alguna para no decir la verdad y también exigiendo que reparen a quienes fueron sus víctimas.

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