El conflicto armado interno en el frente de la capacidad operativa y de armamento usado por los grupos ilegales sigue mostrando una reconfiguración que eleva el poder de ataque, letalidad y destrucción como la obtenida con los drones explosivos.
Inteligencia Militar, la Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación deberían enfocarse en detectar y judicializar a los instructores y proveedores de estos equipos, al igual que ir tras la pista de Ucrania que sería un punto de entrenamiento de expertos.
Muy bien lo expone la Fundación Ideas para la Paz cuando indica que ese par de eslabones de la cadena de los drones deberían “ser objetivos prioritarios”.
Es que al tener escuelas de ‘droneros’ como se les conocen a quienes manejan esos aparatos voladores cargados con explosivos, el Eln y la disidencia de las Farc, para hablar del caso específico de Norte de Santander, facilita espiar y atacar desde el aire al enemigo, al igual que hostigar y controlar más territorios.
Los datos, las víctimas, la destrucción y el temor causado en la región conducen al departamento a encontrarse entre los más golpeados por esta creciente ‘guerra aérea irregular’.
Por eso es que las operaciones y golpes contra esa ‘fuerza ilegal de drones’ no deben limitarse a la incautación de las granadas o los aparatos no tripulados, sino a desbaratar la red logística que está detrás para debilitar estas escuadras que se están conformando.
Será tan grave la situación que, en todos los diagnósticos o estadísticas sobre los ‘drones de la muerte’, el Catatumbo y Norte de Santander siempre aparecen entre los primeros lugares y por ser, además, donde más transformaciones ha alcanzado su uso por parte de las estructuras armadas.
En un mapa de Ideas para la Paz, relacionado con los ataques registrados este año mediante la utilización de esa tecnología, el departamento aparece tercero con 42 hechos, después del Cauca (97) y Chocó (47).
Aparte de ser una mala noticia el hecho de aparecer en ese lugar, hay un aspecto consignado en el informe de la FIP que deja ver el nivel peligroso al que ha escalado el conflicto armado: “ Según el CICR, los drones armados no están prohibidos por ningún tratado ni por el Derecho Internacional Humanitario consuetudinario, y son jurídicamente comparables a las armas lanzadas desde aeronaves tripuladas. Eso sí, su uso debe respetar los principios de distinción, proporcionalidad y precaución”.
Hablando al respecto, debe recordarse que son múltiples y comprobadas las veces en que los atacantes han irrespetado de manera flagrante esos principios.
Y, tristemente, el Catatumbo sigue entrando a las páginas de esta guerra con la evolución de los drones explosivos de mayor capacidad de vuelo y de operatividad, al igual que aparatos más grandes a los que denominan ‘mulas voladoras de carga’.
Todo esto sigue mostrando lo urgente que se convierte un giro en las maniobras militares y dotar a los uniformados acantonados a lo largo del Catatumbo con sistemas antidrones para enfrentar un peligro que ya no es virtual ni de Ucrania, sino de nuestra conflictividad, en la que campesinos, estudiantes, amas de casa y comunidades enteras están bajo amenaza de que la muerte le llegue por el aire, porque hoy en Colombia cada 20 horas se produce una incursión con drones explosivos.
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