Profesión peligro. Esa es la descripción que tristemente mejor encaja en estos momentos para las labores que llevan a cabo los líderes sociales cuya vida e integridad siguen expuestas a las acciones violentas desde distintos frentes.

Estos liderazgos hay que cuidarlos y preservarlos por todo su significado dentro del tejido social con ciudadanías empoderadas y unidas por la defensa de derechos fundamentales.
Con ellos son factibles las luchas por la conservación y preservación de los recursos naturales, de biodiversidad y la defensa del agua.

La tarea que cumplen desde las juntas de  acción comunal los convierten en un contacto directo desde los barrios y las veredas con los centros de poder local para buscar soluciones a múltiples problemas.

Ellos también están expuestos, como ha sucedido en Cúcuta y otras ciudades a las  acciones intimidatorias y criminales de organizaciones delincuenciales que controlan la economía ilegal del microtráfico. 

Tenemos también a quienes defienden los derechos de categorías de personas, por ejemplo, los derechos de la mujer, el niño, los indígenas, los refugiados y desplazados internos, y de minorías nacionales, lingüísticas o sexuales.

Y los veedores ciudadanos que ejercen  control social sobre los recursos del presupuesto y de las inversiones en obras, hacen parte de esos liderazgos sociales fundamentales.

La defensa de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario configura otra  misión trascendente en favor de las de las víctimas en un país cruzado por el conflicto armado que surca gran parte del territorio nacional.

Los asesinatos, la persecución, las amenazas y las desapariciones de quienes asumen esas actividades generan, en últimas, un resquebrajamiento del tejido social entrando las comunidades en una especie de letargo provocado por el miedo y la intimidación, dejando de lado las luchas.

A ese desasosiego llevan todas estas situaciones como las vividas entre 2016 y junio de 2026 cuando fueron asesinadas 1.743 personas lideresas y defensoras de derechos en el país, según el reporte dado a conocer por la Defensoría del Pueblo.

Los enemigos de que las comunidades se organicen, aparte de incurrir en los delitos de homicidios, desplazamientos o secuestros, dejan marcada una huella imborrable de terror con la intensión perversa de que no se vuelvan a levantar voces disonantes, críticas o defensoras de los derechos  de diversa índole.

Se debe tener presente que la Corte Constitucional en la sentencia SU-546 de 2023, destacó la necesidad de implementar una base de datos oficial que registre a los defensores de derechos humanos y líderes sociales, incluyendo información sobre tipos de violencia, presuntos responsables, modus operandi y perfiles de las víctimas. 

Aunque esto fue dicho en 2021 por César Mendoza, integrante de la Fundación Sumapaz, de Medellín, hoy con lo que está sucediendo con los líderes sociales en el país, está más vigente que nunca: “con su asesinato, no solo se busca eliminarle físicamente, sino borrar lo que esa persona representa porque muchas son las comunidades que descargan su información, sus miedos, sus problemas a un líder. Entonces, esos asesinatos, siembran el miedo y después de un tiempo largo es que esos territorios empiezan a recuperarse”.

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