Tendrán, entonces, que tomarse medidas especiales para garantizarles el derecho a la educación a los niños que en varios sitios del Catatumbo no han podido acudir a clases por culpa de las acciones violentas.

Y no es una cifra menor. Son por lo menos mil los niños y niñas que están por fuera de las aulas a raíz de los efectos de un conflicto armado en esa subregión que completó 18 meses de guerra entre el Eln y la disidencia de las Farc.

Esa degradación volvió extremadamente peligroso algo tan natural y lógico para todo menor de edad o adolescente como es tomar sus libros y cuadernos e ir al colegio, que hoy está sembrado de toda clase de trampas.

Uno de esos riesgos latente y en crecimiento y que ha mutado hasta las redes sociales para tenderles redadas a los niños y así llevárselos como combatientes a cambio de ofrecimientos, es el reclutamiento forzado.

Y el miedo a esa práctica de los grupos armados tiene su fundamento en datos como los de la Defensoría del Pueblo que señalan a Norte de Santander, Cauca y Antioquia de concentrar el mayor número de casos entre enero y mayo de este año. 

En el país el número de esos hechos asciende a 51 menores obligados a irse a un conflicto que no es de ellos, de los cuales 15 se han reportado en territorio nortesantandereano.

Hay que tener presente el término ‘reportado’, para hacernos la necesaria idea de que el subregistro impacta hacia una realidad más cruda bien sea por miedo o porque hay amenazas de por medio que impiden tener una precisión sobre los menores que forzadamente son llevados a enrolarse en esas estructuras ilegales.

Esa circunstancia más los drones de la muerte que ahora surcan los cielos del Catatumbo y los campos minados, muchos situados en la ruta hacia el establecimiento educativo o lo que es peor, las 18 escuelas con minas antipersonal a su alrededor, constituyen una amenaza contra la vida de los estudiantes a quienes además les coartan el derecho a la educación.

Según las últimas cifras verificadas por Naciones Unidas y publicadas en el informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados, que abarca el año 2024, un promedio de un niño o niña es reclutado y utilizado cada 20 horas por grupos armados en Colombia. 

“Los niños y niñas de Colombia no solo quedan atrapados en el fuego cruzado, sino que llevan años siendo reclutados o utilizados por grupos armados. Las consecuencias que esto tiene para ellos y sus familias son devastadoras”, afirmó la Representante de Unicef en Colombia, Tanya Chapuisat.

El reclutamiento y el uso de niños y niñas constituye una grave violación de sus derechos, y está prohibido por el derecho internacional, tanto el derecho internacional humanitario como el de derechos humanos, ha reiterado la Unicef.

Pero hay que actuar para que los niños y adolescentes sigan contando con la opción de seguir estudiando porque el Estado tiene la obligación de  garantizarles el acceso a una educación de calidad y en las mejores condiciones,  porque lo contrario sería ceder ante las pretensiones de los grupos armados ilegales.

Precisamente la educación es un escudo del conocimiento que ayudará a los menores de edad a cumplir sus metas de preparación y luego para alcanzar los escaños que deseen en el campo profesional, empresarial y del emprendimiento, ayudando así a la consolidación de un país menos desigual y con mayores niveles desarrollo económico y social.

Pero, además, el aula siempre tiene que estar llena de útiles escolares y de muchas asignaturas con alumnos y profesores dedicados a la noble tarea de la docencia, unos, y de aprender, los otros, para que entre todos se llegue a entender que la violencia no es el camino.

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